El II Comité Nacional Ordinario de UGT-PV, máximo órgano entre congresos, manifestó hoy su "preocupación" por "la situación político judicial en la que está envuelta la actividad del Gobierno valenciano y la del partido que lo sustenta", por considerar que se trata de "un escenario que nada contribuye a la necesaria recuperación social y económica", según informaron fuentes sindicales en un comunicado.

En su reunión de hoy, criticó que "los mercados han impuesto sus normas" y los "viejos discursos" de organismos internacionales como el FMI "han doblegado a los gobiernos", con lo que "se retoma la idea de la reducción del gasto social, se remarcan las presuntas rigideces del mercado laboral y se considera el déficit público como un mal absoluto, cuando se trata de un mecanismo necesario para mantener la protección social y el impulso económico en momentos de crisis".

Además, el comité se mostró "convencido" de que las medidas adoptadas por el Gobierno central para acelerar la reducción del déficit público, "además de ser injustas y afectar negativamente a las rentas medias y bajas, van a entorpecer sustancialmente la recuperación económica y la recuperación del empleo en nuestro país" y conllevarán "pérdida de confianza y la quiebra de la paz social".

Así, defendió "otras alternativas" orientadas a aumentar los ingresos, como "recuperar el Impuesto de Patrimonio, la reactivación del Impuesto de Sucesiones, el incremento del IRPF para las rentas más altas, el aumento del IVA a los bienes de lujo y el reforzamiento de la lucha contra el fraude fiscal", aunque asume que "deben venir acompañadas de otras iniciativas que busquen la respuesta a los desafíos en el ámbito apropiado".

Recalcó que avala todas las acciones que emprenda el sindicato a nivel europeo "en la defensa de una estrategia económica común contra estos ajustes", al tiempo que "hace suyas, y apoya, todas las medias de presión que se puedan acordar y, en concreto, la huelga general de los empleados públicos del martes, día 8 de junio".

Igualmente, defendió la "viabilidad" del actual sistema público de pensiones y se opuso "a cualquier tipo de recortes". Sostuvo asimismo que "cualquier propuesta de modificación de este sistema debe de inscribirse dentro de las pautas establecidas en el Pacto de Toledo".

Actuar con "máxima contundencia"

Por otro lado, el comité incidió en "la necesidad urgente de una reforma del mercado de trabajo que, además de estimular la creación de empleo, acabe con las disfunciones y dualidades sociales que significan los insostenibles niveles de precariedad y temporalidad existentes", aunque matizó que "no puede significar rebajar los niveles de garantía y protección actuales", por lo que no descarta "si fuese necesario", actuar "con la máxima contundencia".

En cuanto a la situación del mercado laboral de la Comunitat, indicó que "aunque muestre alguna ralentización en el incremento del desempleo, sigue mostrando todas sus características negativas, con una evolución peor que la media española".

El comité nacional de UGT-PV remarcó la "necesaria y urgente adecuación a las circunstancias sociales y económicas actuales" del Pavace II y señaló como "un instrumento óptimo de trabajo" para acometer esa adaptación a su documento 'La Comunitat Valenciana del siglo XXI: Una sociedad sostenible', donde presenta propuestas que tienen "como eje central, el trabajo de calidad y con derechos".

En el informe, pide tanto la superación de las "consecuencias más urgentes" de la crisis, como "líneas de actuación a medio y a largo plazo que deberían implementar las administraciones competentes, en intensa y efectiva colaboración con los agentes sociales y económicos más representativos, para procurar un crecimiento económico y social en claves de desarrollo tecnológico, valor añadido, productividad, competitividad, internacionalización, sostenibilidad medioambiental, desarrollo del estado del bienestar y fortalecimiento de un sistema de relaciones laborales participado y eficaz".

Condena ataque israelí a flotilla

Por último, el comité aprobó una resolución de urgencia que condena el asalto por parte del ejército israelí a los barcos de la 'Flotilla de la libertad' que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria, en la que señala que "durante casi tres años, Israel aplica una política de prohibición de la circulación de personas y bienes, y como consecuencia de ello, han muerto decenas de personas enfermas esperando recibir tratamientos médicos adecuados".

Así, este órgano exhorta a la comunidad internacional y al Ejecutivo español a "condenar al Gobierno israelí por su criminal ataque terrorista", así como a "garantizar la protección para el sistema de cooperación internacional, e instar a la ruptura de relaciones diplomáticas ante la flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario".