La consejera de Bienestar Social de Asturias, Noemí Martín, instó hoy al Ministerio de Sanidad y Política Social a que financie el coste del servicio que se presta a una persona dependiente -ahora la ayuda se da según el grado de dependencia— y criticó que las medidas de reducción del déficit público presentadas por el Gobierno afecten a los derechos de la Ley de Dependencia.

A la entrada del Consejo Territorial de Dependencia, presidido por la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, la consejera asturiana alertó de que si no se consigue que se financie el servicio que se presta a una persona se está "caminando en el sentido contrario" de lo que dice la ley. Así, criticó que las Comunidades Autónomas (CCAA) sean las que estén soportando el "mayor peso" de las ayudas.

"La filosofía de la ley es que tienen que predominar las servicios por encima de las prestaciones económicas", subrayó para avisar que aunque se den "más prestaciones económicas" para el cuidado familiar y tanto al Gobierno como a las CCAA les salga "más barato" no se estará prestando atención "profesional" a las familias y a las personas dependientes. "Si queremos garantizar una financiación adecuada para revolver el debate de la financiación ésta se debe abordar por el coste del servicio", sentenció.

Dicho esto, Martín consideró que las medidas de recorte promovidas por el Ejecutivo central deberían de haber incidido "más" en los ingresos, en la "recuperación" del impuesto del patrimonio, en la realización de una política fiscal "más justa y progresiva" y, destacó, "no solo en la reducción del déficit". A su juicio, el "esfuerzo de austeridad" tiene que ir "acompañado" de medidas que supongan "más ingresos" en las arcas públicas con el fin de garantizar el "mantenimiento" de los derechos y de los "servicios públicos esenciales".

Asimismo, recordó que la resolución del procedimiento de la ley tiene que hacerse en un plazo de "seis meses" porque en "doce no es razonable" pero, enfatizó, para que esto pueda llevarse a cabo es necesario un "refuerzo del personal" y que la legislación "no se aplique" de una manera "lineal" y "sin criterio". "Estamos todos de acuerdo en hacer un esfuerzo de reordenación de efectivos, de mejorar la eficiencia de la política personal en las administraciones públicas pero lo que no podemos aceptar es que eso se aplique de una manera lineal y afecte detrás de cada expediente a personas que están esperando de una manera poco razonable a recibir un derecho que le reconoce la ley", concluyó.