Uno de los ex concejales del PP de Gondomar (Pontevedra) acusado de cohecho, José Luis Mosquera —ex edil de Cultura—, admitió hoy que tanto él como el ex edil Alejandro Gómez —que fue responsable de Urbanismo— cobraron un total de 540.000 euros a tres promotores a cambio de convenios urbanísticos, un dinero que se iba a destinar, según afirmó, a financiar la campaña del PP en Montevideo (Uruguay) y a apoyar económicamente al partido independiente Move Gondomar.

Así lo manifestó el ex edil en la vista oral que se sigue desde hoy en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra en Vigo contra él; contra su entonces pareja, María Belén F.F.; contra el ex concejal de urbanismo Alejandro Gómez; y contra el arquitecto vigués Francisco Borja R.M.

Mosquera declaró que Alejandro Gómez "era el que dirigía toda la operación" por sus conocimientos en materia de urbanismo, mientras que él se encargaba "del tema económico", y el arquitecto ejercía labores de intermediario en los cobros de los sobornos, destinados a la financiación de la campaña electoral.

Así, manifestó que, al percatarse los populares del "peligro de no ganar —las municipales del 2007— por mayoría absoluta", habría que "hacer una campaña interesante" y "ayudar a los independientes —de Move Gondomar— para que nos apoyaran".

Financiación de la campaña

El ex concejal del grupo popular —aunque no afiliado al partido— relató que, ante esa situación, "Álex —Gómez— dijo que tenía la solución", y que esa solución pasaba por el cobro de ciertas cantidades de dinero a cambio de facilitar la inclusión de tres convenios urbanísticos en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Gondomar. En ese sentido, Mosquera afirmó que el propio Alejandro Gómez le puso en contacto con el arquitecto Francisco Borja R.M., y que él se dedicaba "a llevar recados de uno a otro".

En su declaración, confirmó que se pidieron 180.000 euros por cada uno de los convenios urbanísticos, y que el dinero "era para ayudar económicamente a un partido independiente" y para apoyar a los representantes del PP en Montevideo, ciudad que representa "una importante colonia de votos", y negó que fuera para su propio beneficio personal. Asimismo, apuntó que Alejandro Gómez era "muy cauteloso" en lo que respecta a estas operaciones y que "por nada del mundo se podía saber que el dinero era para la campaña electoral".

José Luis Mosquera también explicó que los promotores recibían la garantía de que sus convenios podrían desarrollarse incluso después de las elecciones municipales ya que, aunque él no se volvería a presentar, Alejandro Gómez sí que estaría en la Corporación gondomareña. "La garantía que se les daba era que Alejandro se quedaba, porque era una persona muy brillante y muy competente en urbanismo, y no tenían recambio para él. No se le cuestionaba", añadió.

Otros acusados

El abogado del arquitecto Francisco Borja R.M., al igual que el letrado de Mosquera, manifestó al tribunal su conformidad con el escrito de acusación del fiscal, y admitió que su defendido había sido coautor de tres delitos de cohecho, aunque precisó que las cantidades no sumaron 960.000 euros, como sostiene el Fiscal, sino 540.000 euros. Asimismo, declaró su disconformidad con la pena que pide el ministerio público.

Por su parte, la defensa de María Belén F.F., rechazó la acusación y afirmó que su clienta no fue cómplice de un cohecho, y que contra ella "sólo hay indicios, no pruebas". Del mismo modo, el abogado de Alejandro Gómez, pidió la absolución del ex edil de Urbanismo por que "no cometió ningún delito, todo lo contrario" y "no hay pruebas contra él".

Además, éste abogado insistió en pedir la nulidad de las escuchas telefónicas realizadas en el marco de la investigación —base importante sobre la que se sustenta la acusación— por considerarlas inconstitucionales, al vulnerar el derecho básico del secreto de las comunicaciones. También pidió que se incluyeran nuevas pruebas en el juicio, como un informe sobre la titularidad de dos de las líneas telefónicas intervenidas o la documentación del PGOM de Gondomar, pero el juez rechazó ambas reclamaciones.

El ministerio público pide para los ex concejales del PP multas que ascienden a un total de 1.920.000 euros para cada uno y 6 años de suspensión de empleo o cargo público; para el arquitecto pide una multa de 720.000 euros y 15 meses de suspensión de empleo o cargo público; mientras que para la mujer solicita una multa de 135.000 euros y tres meses de suspensión de empleo o cargo público.

La vista se reanudará mañana a las 9.30 horas, y continuará con la declaración de Mosquera —que aún no terminó—, y de los otros tres acusados. Asimismo, está previsto que testifiquen los promotores y propietarios de las parcelas a las que se refieren los convenios, y los agentes del Seprona de la Guardia Civil que participaron en la investigación. HECHOS

Esta trama urbanística se destapó tras la denuncia de un promotor que colaboró con la Guardia Civil para detener a los implicados. Así, el 14 de febrero de 2007 este empresario concertó una cita con Mosquera en la que se iba a hacer efectiva una primera entrega de 60.000 euros para un convenio urbanístico —para el que los ediles pedían supuestamente un total de 180.000 euros—.

La investigación de la Guardia Civil contó con la participación del denunciante, que se prestó a llevar un sistema de grabación oculto para documentar el hecho delictivo. Así, según el plan elaborado por Mosquera, éste recogería el dinero y se lo entregaría a su novia, que sería la encargada de trasladarlo a su residencia de Gondomar, pero una vez consumada la entrega, ambos fueron detenidos —y momentos después fueron arrestados los otros dos acusados—.

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