El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Aproin), Javier Garrido Valenzuela, advirtió hoy de que si el Plan de Ordenación del Litoral (POL) "se hace mal", su aplicación dará lugar a "derechos indemnizatorios".

Así lo dijo en su comparecencia ante la comisión parlamentaria que estudia el POL, en la que el presidente de los promotores pidió que, si en un terreno en el que ya hay "edificabilidad" o "derechos adquiridos" debe prevalecer una figura de protección, esos derechos se trasladen a otra área de reparto próxima, en la que sí se puedan hacer desarrollos, y en la que se haga una distribución equilibrada de "cargas y beneficios".

Garrido Valenzuela llamó la atención sobre la demora para la concesión de autorizaciones, que atribuyó en parte a la falta de ordenamiento en el territorio, y apostó por que se agilicen los planeamientos municipales. Además, destacó que "potencial turístico-residencial" que tiene la costa gallega. "No lo debemos dejar pasar", afirmó, aunque señaló que las construcciones deben hacerse atendiendo a "criterios de sostenibilidad".

"Nos parece estupendo que se ordene", dijo y apuntó que los promotores desean que se dé seguridad jurídica en este ámbito. Asimismo, indicó que sí están de acuerdo con la prohibición aún vigente de construir en los 500 metros más próximos a la costa y que lo que puso "de uñas" a este sector empresarial fue que la Xunta obligase a esa paralización "sin ponerse a ordenar" el territorio.

Por otra parte, el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, Xosé Manuel Casabella, recomendó retrasar la aprobación del plan para "profundizar en mecanismos que lo hagan operativo". Así, argumentó que el documento "arbitra escasos instrumentos" para llegar a los objetivos que se propone y dibuja medidas "ambiguas" que, si no se matizan, harán que el POL sea "una caricatura de lo que podía ser".

Por ello, Casabella apostó por diseñar esos mecanismos para la aplicación del Plan del Litoral, que consideró que tiene "buenísimas intenciones". También reclamó la creación de un observatorio del paisaje, que se coordine con otro centrado en el litoral.

En cualquier caso, enumeró una serie de cuestiones que, a su juicio, debe resolver el POL, entre las que se encuentra qué hacer con el modelo de dispersión poblacional o cuál es el modelo de asentamiento de las actividades económicas. Asimismo, censuró que no se resuelvan cuestiones de transporte y no se haga referencia a las alternativas colectivas, en detrimento del vehículo privado.

Informe económico

También compareció en la sesión de hoy el decano de la Facultad de Derecho de la Universidade de Santiago de Compostela, Luis Míguez Macho, quien concluyó que, dado que el POL no ordena directamente actuaciones de urbanismo, "no es necesario" que incluya un informe económico, si bien "si podría considerarse conveniente" que vaya acompañado de este documento. La cuestión, dijo, "es abierta y opinable".

Además, este experto en derecho afirmó que el Plan del Litoral "aporta seguridad jurídica" y "no reduce competencias a los ayuntamientos, que ya las tenían limitadas en este ámbito —el de los 500 metros, que son considerados por ley de interés autonómico—".

Adaptación de los planes municipales

La portavoz del BNG, Teresa Táboas, manifestó su preocupación por que los ayuntamientos retrasen la adaptación de sus planeamientos al plan porque es una normativa "más restrictiva", un punto en el que Míguez Macho aclaró que "se adapte o no, hay determinaciones del POL que se aplicarán igual", por lo que consideró que no coordinar las normas municipales "va a ser peor".

La representante del PSdeG, Mar Barcón, censuró que el documento remitido a los ayuntamientos no incluya las disposiciones transitorias y consideró que todo el documento "carece de realismo". En concreto, hizo referencia a la carencia de un informe económico, que defendió que debería aparecer.

Por su parte, el diputado del PPdeG Román Rodríguez manifestó que su grupo tiene la intención de hacer "un esfuerzo muy notable" para llegar a puntos de encuentro con los otros dos grupos en este ámbito. Además, apostó por "una vocación de consenso" entre las determinaciones del Plan del Litoral y los planeamientos municipales, así como por "acabar con la idea de que Xunta y ayuntamientos son enemigos".

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