La Consejería de Hacienda y Administración Pública se reunió hoy con los sindicatos de función pública en la mesa de comisión de convenio para negociar la progresividad de los recortes en el personal laboral de la Administración andaluza, ante lo que los tres sindicatos presentes en la mesa, UGT, CCOO y CSIF rechazaron tales recortes y anunciaron que no negociarán ninguna progresividad.

Fuentes de CCOO-A indicaron a Europa Press que "la Junta podría hacer lo que quisiera y podría aplicar su propia tabla de progresividad, pero ha optado por cumplir el real decreto estatal, que para el personal laboral apunta una bajada de la masa salarial del cinco por ciento, sin entrar en detalles ni progresividades".

"Estamos en desacuerdo con la mayor", agregaron fuentes de este sindicato, que precisaron que la reunión de hoy ha tenido un resultado "previsible", toda vez que "los tres sindicatos nos hemos mostrado en desacuerdo y no negociamos nada".

CCOO animó a la Junta a "que no se corte y actúe unilateralmente, como ha venido haciendo hasta ahora, frente a lo que nosotros no estaremos de acuerdo de ninguna manera, con progresividad o sin ella".

Recordaron que el grupo del personal laboral "es un grupo con retribuciones bajas, por lo que el recorte será dificultoso" y precisaron que están celebrando asambleas informativas en todas las provincias hasta el día 8 junio, día de la huelga contra los recortes a nivel nacional.

Asimismo, precisaron que el decreto de la Junta "se podrá recurrir por la vía contencioso administrativa", mientras que los convenios colectivos donde se apliquen esos recortes se denunciarán por el Juzgado de lo Social, "pero para ello habrá que esperar a su aplicación y a que hayan hechos consumados".

Por su parte, fuentes de CSIF-A indicaron a Europa Press que la reunión de hoy "ha ido como se esperaba, aunque tenían obligación de convocarnos", toda vez que "los sindicatos ya anunciamos que no íbamos a ser copartícipes de una negociación pactada sobre cómo se debe aplicar el recorte, no vamos a ser corresponsables de semejante tropelía".

Precisaron que la bajada salarial en el personal laboral "ahora mismo es lineal y no se aplicará la progresividad, pero se aplicará el recorte sin progresividad, con una bajada del cinco por ciento para todos los conceptos retributivos de cada personal laboral, esto es, retribuciones brutas, salario base, trienios y todos los complementos, incluidos productividad y posibles gratificaciones".

"Negamos la mayor y denunciamos la ilegitimidad del decreto, tanto autonómico y como real decreto ley", apuntaron desde CSIF, que precisaron la Junta "tiene problemas de fechas, por lo deberá aplicar la bajada con acuerdo o sin acuerdo para el personal laboral y no se aplicará la progresividad que sí existe para el personal funcionario".

Asimismo, lamentaron que "haya delegados provinciales que vean bajar sus sueldos un seis por ciento y algunos funcionarios se les quite un siete por ciento", aseguraron que "se han vulnerado derechos" y advirtieron de que esta bajada en el sueldo de los empleados públicos "provocará una ralentización de la economía, pues los empleados públicos son los que mantenían el consumo privado del país, por lo que un recorte en sus ingresos repercutirá en las empresas privadas".

Por su parte, el sindicato UGT tras la reunión de hoy volvió a rechazar estas medidas adoptadas por el Gobierno por considerarlas "injustas y demagógicas para combatir el déficit público español".

En una nota, el sindicato precisó que en la reunión mantenida hoy, el director general de Recursos Humanos y Función Pública, Manuel alcalde Calderón, "ha mostrado al resto de asistentes a la misma, las intenciones de aplicar al personal laboral de la Junta de Andalucía las mismas reducciones propuestas por el Gobierno central".

Ante esto, los representantes de UGT mostraron su desacuerdo e indignación "ante el abuso que se está cometiendo contra los trabajadores y el intento de implicar a los representantes de éstos en dicha tropelía".

"No vamos a participar en la gestión de unas medidas adoptadas por el Gobierno sin el consenso de ninguno de los agentes sociales, sin haber dado la oportunidad al diálogo ni a la negociación; son medidas que nunca aprobaremos, y no entendemos cómo el gobierno pretende buscar nuestra implicación", lamentó el secretario general de

Fsp ugt-A, Antonio Tirado.

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