El fallo ha estimado la demanda de ATAN argumentando que es "contraria a derecho la conducta de las administración demandada dejando de ejecutar el acto administrativo a cuyo examen se contrae el presente recurso, condenando a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial a estar y pasar por tal pronunciamiento y a que proceda a ordenar la inmediata puesta a disposición de la asociación demandante de la información ambiental solicitada".

La Asociación acudió ante los tribunales después de que el consejero canario Domingo Berriel manifestara en los medios de comunicación que "la proposición de ley de Coalición Canaria —aprobada el 19 de mayo por el Parlamento regional relativa al Catálogo de Especies Protegidas de Canarias— se había hecho con "rigor científico" y aseguraba, además, que la Consejería de Medio Ambiente, a través del Servicio de Biodiversidad y la Dirección General de Medio Natural, había encargado "múltiples estudios técnicos" que avalaban los cambios en el registro.

"Se ha invertido mucho dinero en informes técnicos que contrastan la evolución de todas las especies incluidas en el Banco de Biodiversidad y que permiten conocer la cantidad de cada una de ellas. El nuevo Catálogo se ha elaborado en base a información técnica de primera magnitud, en la que se incluye una evaluación de especies, con fecha de 2009", declaraba el consejero nacionalista durante la tramitación de la ahora Ley.

Fue por esto que en diciembre de 2009 y en enero de 2010, la organización solicitó mediante escrito, pero sin éxito, "copia de los estudios e informes técnicos realizados o encargados por la Consejería de Medio Ambiente, a través del Servicio de Biodiversidad y la Dirección General del Medio Natural o cualquier otro Servicio, así como cualquier otra información técnica facilitada por cualquier órgano dependiente de la Consejería de Medio Ambiente utilizada o tenida en cuenta para la elaboración de la proposición de ley presentada por la formación política integrante del Grupo Parlamentario Coalición Canaria".

El silencio de la administración en ambas ocasiones llevó a ATAN ha presentar un contencioso administrativo ante el TSJC que ahora y tras el fallo emitido el 14 de mayo de 2010 ordena a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias a entregar toda la información solicitada. "Tienen que entregar toda la documentación sobre este asunto", aclararon desde ATAN.