Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento, aseguró hoy que "no es cierta" la situación "de continuo riesgo" existente en las relaciones entre el Centro de Control de Sevilla y el aeropuerto de Gibraltar, que denunció hoy la Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo (Aprocta) ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Fuentes de AENA indicaron a Europa Press que es "una irresponsabilidad" poner en duda la seguridad de los aeropuertos, ya que, por un lado, "no es cierto" puesto que "el espacio aéreo controlado por AENA tiene garantizada absolutamente la seguridad", y, por otro lado, porque "se está dañando la imagen de España de cara al exterior", algo "importante" teniendo en cuenta que la temporada de verano arranca "dentro de poco" y puede afectar a la llegada de turistas, "algo desfavorable ante la situación económica actual".

Asimismo, las mismas fuentes explicaron que los controladores aéreos están poniendo en duda la seguridad operativa de los aeropuertos españoles como "medida de presión" en el marco de unas negociaciones laborales. En este sentido, las fuentes de AENA apuntaron que los controladores "no quieren acatar una serie de normas que están avaladas por el Parlamento y por la Audiencia Nacional".

La Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo (Aprocta) ha presentado una denuncia ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) por la situación "de continuo riesgo" existente en las relaciones entre el Centro de Control de Sevilla y el aeropuerto de Gibraltar.

Concretamente, la asociación denuncia "sin entrar en esta situación de carácter político" la existencia de "muchos incidentes de tráfico de categoría A, es decir de 'quasi colission'".

La denuncia ha sido dirigida a la directora de la AESA, Isabel Maestre Moreno, y reclama "ante la extrema gravedad de los hechos", y en un plazo de 72 horas, la comunicación de las medidas que han sido adoptadas "con carácter preventivo y urgente", así como aquellas otras a adoptar tras la instrucción del expediente correspondiente".

En el documento, se plantea que de no adoptar las medidas necesarias, Aprocta, por responsabilidad y como medida para proteger los derechos y la seguridad de los pasajeros, se vería obligada a emprender las correspondientes acciones judiciales en defensa de la legalidad.

Esta denuncia está basada, entre otras cosas, en las incidencias muy graves entre aeronaves civiles y militares, que según los controladores se producen desde que existe el control de tráfico aéreo en la zona.

Así, explican que no se ha conseguido realizar una carta de acuerdo —documento operativo que establece las condiciones de coordinación—, porque, al parecer, la firma de dicho documento "supondría un reconocimiento implícito de soberanía de la Colonia de Gibraltar en territorio español".