La resolución fue aprobada con los votos a favor de 74 miembros de la asociación progresista, frente a los 43 que rechazaron el documento. Además, hubo nueve abstenciones.

El documento respalda los comunicados que el Secretariado de Jueces para la Democracia ha emitido sobre esta cuestión y los manifiestos que se han suscrito "en defensa de la libertad de interpretaciones de los jueces".

En su boletín informativo, JpD ya aseguró que la causa abierta al magistrado por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo cercena "la labor interpretativa" de los jueces y pone "en serio riesgo la capacidad transformadora del Derecho".

En el editorial, titulado "El problema no es Garzón", la asociación mostró su preocupación porque "amplios sectores progresistas muy significados de la sociedad civil nacional e internacional muestren perplejidad y rechazo ante la actuación del Tribunal Supremo".

Tras recordar que "siempre ha defendido una Judicatura comprometida con los derechos fundamentales y particularmente sensible a las demandas de las víctimas", señaló que siempre ha aplaudido las actuaciones de jueces "audaces y pioneros" que "se apartaban de la convención jurídica guiados por un afán de Justicia".

"Es éste un modelo de juez más implicado, que se muestra cada vez más crítico con el marco normativo de referencia, lo que le lleva, al detectar sus déficits, a tratar de suplirlos con su labor interpretativa, buscando la solución justa en cada caso y anclando su decisión no siempre en la letra de la norma, sino en los principios que emanan del ordenamiento jurídico nacional e internacional", manifestó, para destacar que se ha calificado de "prevaricadora una determinada actuación instructora jurídicamente discutible".