El departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba responde así a una pregunta parlamentaria del diputado de IU, Gaspar Llamazares, formulada después de que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, considerase "incorrecta" la expulsión del boliviano que, según la institución, falleció a causa del "impacto de la repatriación en su delicado estado psíquico y la ausencia de adecuada supervisión médica en el lugar de destino".

El Defensor del Pueblo había determinado que debido a que en el momento de su expulsión Medina tenía un estado de salud "tan precario", ésta no debería haberse materializado hasta que se hubiera comprobado "una mejoría del estado de salud mental del interno".

La Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes y la Asociación 'Amigos de Bolivia' también se sumaron en su día a las críticas a la actuación en torno a Medina denunciando que en el CIE de Capuchinos el hombre había intentado suicidarse y no recibía la medicación adecuada para su enfermedad.

Ahora Interior detalla que la expulsión de Medina, de 30 años, se realizó mediante escolta policial el 15 de octubre de 2008, sin que en ella se apreciase alguna "novedad" y señala que a su llegada a la ciudad de Santa Cruz sus familiares le estaban esperando en el aeropuerto.

Además, dice que no hay constancia de que el acuerdo de expulsión fuese recurrido por la vía administrativa o contenciosa en los plazos estalecidos para ello.

A la vista de que la actuación fue "ajustada a lo establecido por la legalidad vigente", Interior descarta adoptar alguna medida o proceder al cierre de Capuchinos, como había solicitado en su iniciativa parlamentaria Llamazares.