Esta es una de las medidas que contempla la recién estrenada Ley de Vivienda y Suelo y una de las que más polémica está suscitando en muchos municipios. Junto a ésta, está el porcentaje de suelo que habrá que reservar para viviendas protegida, que deberá ser del 30%.Los ayuntamientos temen que la norma recorte su capacidad de movimiento y perjudique a las arcas municipales, ya que los consistorios no podrán cobrar los convenios urbanísticos antes de que las comisiones provinciales autoricen los instrumentos de planeamiento que determinen los cambios en la calificación de un terreno; un proceso que podría llevar años. Marbella será la primera localidad en experimentar las consecuencias de la ley, ya que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, anunció que asumirían las competencias en cuanto la norma entrara en vigor. Más de 200 licencias municipales de obras han sido impugnadas al gobierno tripartito en dos años, casi las mismas que tuvieron Jesús Gil y Julián Muñoz en doce.