Así informó el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Aurelio Martínez, tras hacer entrega del preaviso en la Conselleria de Presidencia y minutos antes de hacerlo en el Consolat y Delegación de Gobierno, quien, además, criticó las "ambigüedades y discriminaciones" del decreto.

Por su parte, el secretario de Servicios a la Ciudadanía, Función Pública y Transportes de CCOO, Baltasar Piñeiro, lamentó esta "última agresión" a los funcionarios, quienes, según dijo, ya "llevan demasiados años sufriendo y viendo cómo sus ingresos se ven mermados" y, ahora, "el Gobierno les mete descaradamente la mano en el bolsillo".

Piñeiro opinó que la huelga será "masivamente seguida" y criticó, además, el "despilfarro e improvisación" del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en cuanto a las entidades locales, a las que ha avisado que dentro de seis meses se les "cerrará el grifo".

Además, consideró "curioso" que el Gobierno central no ponga en el decreto a Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe), Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), lo que significa que, al margen de estas tres empresas, "todos las demás están englobadas".

La secretaria de Comunicación Institucional del CSI-CSIF, Maria Antònia Joan, realizó un llamamiento a todos los empleados públicos, quienes tendrán que "pagar de su bolsillo" los gastos e inversiones realizadas por el Gobierno central, como las del Plan E, que, a pesar de que "eran para dar trabajo", se convirtieron en "obras inútiles que tendrán que pagar funcionarios y pensionistas".

No obstante, señaló que las medidas de Zapatero no sólo afectarán a los trabajadores públicos, puesto que también perjudicarán a todas las empresas de capital privado que tienen relaciones con la administración, a las que ya se les ha comunicado el porcentaje de reducción en sueldos.