Más de diez asociaciones, plataformas y sindicatos exigieron hoy en Bilbao "medidas urgentes de excepción frente a los desahucios", como el aplazamiento del pago de hipotecas o alquileres a personas que no pueden asumirlo, a la vez que denunciaron que la Administración "socorre a las constructoras, mientras que 3.000 familias son desalojadas".

El acto de protesta se desarrolló frente al Museo de Bellas Artes de Bilbao durante la apertura de las Jornadas de transparencia en las políticas de vivienda: evaluación y participación ciudadana organizadas por el Observatorio vasco de Vivienda.

Bajo el lema "Menos palabras y más hechos contra los desahucios", los colectivos sociales escenificaron "el Via Crucis que sufren las 3.500 familias que han sido expulsadas de sus hogares en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra desde que estalló la crisis, en 2008". En este sentido, criticaron al Gobierno vasco "por salir al rescate de las constructoras en vez de socorrer a las personas desalojadas".

Cargados con cruces y látigos, los manifestantes representaron el "calvario" que sufren miles de personas "debido a las políticas de vivienda de los últimos tiempos". Según criticaron, "durante años, las administraciones y gobiernos (centrales, autonómicos y locales) han diseñado leyes, políticas fiscales y planes urbanísticos que contemplaban la vivienda como negocio y no como derecho".

"Durante todo este tiempo -señalaron- los jóvenes no han podido emanciparse con dignidad y a la edad deseada; cientos de miles de familias han vivido asfixiadas por obscenos pagos de hipotecas y alquileres; cientos de personas inmigradas han sufrido la discriminación inmobiliaria; y miles de viviendas han permanecido vacías mientras la administración convertía en suelo artificial decenas hectáreas de tierra de gran valor agrícola y medioambiental".

En este contexto, recordaron, "llegó el día en que la burbuja explotó y dejó en paro a miles de personas que vivían endeudadas o pagando alquileres desorbitados, condenando a cientos de ellas al desahucio".

Pero la crisis, según advirtieron, "no ha afectado sólo a las personas hipotecadas", sino que "también los ciudadanos que vivían en alquiler han sufrido desalojos". "Por si fuera poco -lamentaron- el Gobierno ha aprobado la ley de desahucio exprés, que pone más fácil dejar en las calles a las y los inquilinos y, con la excusa de impulsar los pisos en renta, protege a las y los propietarios".

En el acto de protesta de hoy participaron miembros del Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK), Cáritas, Elkartzen, Kepasakonlakasa y los sindicatos ESK, Stee-Eilas, ELA y LAB, así como EDE Fundazioa, Ezker Gogoa, Gazteleku y Berri Otxoak.