El condenado ya admitió en el juicio ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial que, en su calidad de administrador de una empresa constructora, hizo un contrato de forma verbal a un trabajador de nacionalidad argentina que se encontraba en situación irregular en España.

El contrato se extendía desde septiembre a diciembre de 2007, pero el empresario no dio de alta en la Seguridad Social a la víctima, por lo que se le condena a dos años de prisión y una multa de 900 euros.

La pena es la que solicitaba el Ministerio Fiscal, ya que no se ejerció la acusación particular. El condenado mostró su conformidad tanto con los hechos que se le imputaban como por la pena que se le reclamaba, por lo que el juicio no se llegó a celebrar.