Según se desprende de uno de los tomos del sumario del caso, cuyo secreto levantó hoy el juez instructor, el técnico aseguró que "la Corporación tenía la intención de que los adjudicatarios fueran los mismos que tenían la concesión".

El técnico aseguró a la instructora que la entonces concejala de Playas, Marisa Rodríguez-Pino, detenida e imputada en este caso por los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, le pidió que hiciera una valoración de los expedientes de los licitadores, pero que cuando se los enseñó la edil no estaba de acuerdo.

El técnico señaló que la intención de la citada concejala, que decía "que tenía un compromiso político con los chiringuiteros", era "ir a la mesa de contratación con algo que defendiera sus ideas para poder elevarlo a junta de gobierno apoyándose en argumentos técnicos" que el declarante aseguró que no le dio.

Según el sumario, el técnico le advirtió a Rodríguez-Pino que "no podía dar el chiringuito a una persona que daba 10.000 euros menos que otro, que tenía que mirar a las arcas municipales". De hecho, el testigo dijo que sus informes no llegaron a la mesa de contratación.

Añadió que desde la asesoría jurídica se le llegó a decir que iban a "corregirlos porque había un error administrativo", error que rechazó el declarante, quien aseguró estar dispuesto "a tomar medidas legales si alguien quería echar abajo sus informes".