Según el auto, al que tuvo acceso Europa Press, se ordena el levantamiento del tomo 20, que comienza en el folio 10.512; así como del 21, 23 y 25, que finaliza en el folio 13.805. Además, se levanta el secreto de los tomos uno al cuatro de las piezas documentales, que comprenden del folio uno al 1.636.

El instructor argumenta el que no se levante el secreto respecto de los tomos 22 y 24 en que los contenidos de éstos "están directamente relacionados con informes que se encuentran en su fase de gestación, evitando así posibles ingerencias en la actividad de investigación".

De hecho, precisa en su resolución que su levantamiento en este momento "podría perjudicar la búsqueda de la verdad material", ya que esos contenidos están relacionados "con lo que podríamos calificar de vértebras en la investigación penal", citando como ejemplo una sociedad.

Respecto a los documentos del tomo cinco en adelante, el juez entiende que "no deben ver todavía la luz, bien porque se refieren a documentación que está pendiente de análisis por interventores o bien porque guardan relación con las vértebras de investigación antes mencionadas".

"Es mucha la documentación intervenida, muchas objeto de análisis en el momento presente y otras tantas en su futuro, pues hablamos de tanta documental que mucha de dicha documentación no se ha podido estudiar y analizar", apunta el instructor, quien recuerda que se ha levantado parcialmente el secreto en tres ocasiones.

Documentación y complejidad

En este sentido, el juez señala que ha pasado "largo tiempo" desde que comenzara la instrucción e incide en "la complejidad de esta macrocausa, con una amalgama de delitos de investigación compleja que conforme van pasando los meses, más resultados se va obteniendo y todo ello sin olvidar informes de muy variada naturaleza".

Esto "hace necesario" preservar el secreto en parte de las actuaciones durante un mes más "de cara a evitar interferencias de los imputados en la causa que frustren la verdad material", indica el auto, en el que se pone como ejemplo que se siguen emitiendo informes policiales y anexos, uno reciente en marzo de este año.

Además, apunta a que a lo largo de los meses de marzo, abril y mayo "la actividad instructora sigue llevándose a efecto de forma fructuosa con una actuación judicial igualmente álgida", lo que a su entender "justifica de igual forma", junto con otros motivos, la continuación de la prórroga de parte de las actuaciones.

Esta causa tiene hasta ahora 68 imputados, entre empresarios y políticos. Actualmente, en la Corporación municipal hay ocho imputados en este caso, cinco de los cuales pertenecían al PSOE y están en el grupo de no adscritos tras negarse a entregar sus actas, tal y como les exigió su partido tras la imputación.

En este procedimiento se investiga una presunta estructura de corrupción municipal "orientada a obtener fondos de distintos promotores y empresarios" con el fin de "financiar actividades tanto públicas como privadas de los partidos políticos en coalición", así como para "enriquecerse personalmente".

Inicialmente, en esta operación fueron detenidas 26 personas, de las que cinco ingresaron en prisión, mientras que 18 quedaron en libertad provisional con fianza —entre ellas cuatro ex ediles socialistas— y otras tres, en libertad con cargos y sin fianza. Posteriormente, se fue citando a otros imputados.

En su momento, ingresaron en prisión el ex alcalde Antonio Barrientos, el que fuera su jefe de gabinete José Flores, los ediles del PES José Ignacio Crespo y Manuel Reina y el técnico municipal Javier Wittmeur. Salvo este último, el resto permanecieron en prisión seis meses.