Grosske remarcó que, pese al retraso hasta enero de 2011 de esta prohibición, sólo se aplaza el "problema" y consideró que se trata de "un ejemplo más de la improvisación" de la política económica del Gobierno, así como de su "falta de diálogo". Según destacó en un comunicado, "no es de recibo" que la mayoría de alcaldes se enterase ayer de la "letra pequeña" del decreto aprobado la pasada semana, sin que les hubiera consultado ni informado previamente.

Según el regidor de Bienestar Social y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, el presidente del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha mostrado "especialmente duro" precisamente con una administraciones como las locales que "prácticamente no tienen capacidad impositiva", salvo sobre los bienes inmuebles o los vehículos, además de las tasas, y tienen mayor dificultad para equilibrar sus ingresos que, por ejemplo, las Comunidades Autónomas".

Finalmente, Grosske advirtió del peligro existente en que esta medida afecte de forma significativa a las partidas sociales, ya que, según consideró, puede haber municipios que, pese a haber realizado una prudente política de gasto en los últimos años, se hayan visto también afectados por la crisis y, al recibir este "nuevo golpe", tengan que retrasar inversiones en equipamientos sociales o no puedan ejecutar programas de atención a los ciudadanos, explicó.