El procurador socialista Manuel Fuentes aseguró que la moción pretende actuar ante un cumplimiento de tan sólo el 25 por ciento del programa electoral del PP en la materia y explicó que se trata de medidas que en su gran mayoría no suponen un incremento del gasto sino la ejecución presupuestaria o el cumplimiento de compromisos electorales.

Fuentes detalló las 16 medidas propuestas, la primera de ellas iniciar el proceso de aprobación de la Ley de Desarrollo Rural de Castilla y León dotándola de financiación, aspecto en el que criticó que aún sea un borrador sin que se haya iniciado su tramitación en las Cortes.

Otra de las propuestas es la financiación de proyectos agrarios a los 44 grupos de acción local y reducir los trámites burocráticos que se les exige, al igual que se hace en once comunidades, algo ante lo que la Junta sólo ha mostrado un compromiso "tímido".

Además de pedir una reducción de la burocracia de la Consejería en el sector ganadero porque "para poder mover una oveja hay que mover 16 papeles como mínimo", la moción socialista solicitó la realización de una campaña para fomentar la incorporación de jóvenes al sector primario con medidas de apoyo y formación en los primeros cinco años de gestión de sus explotaciones.

Fuentes explicó que el objetivo debe ser la incorporación de 1.500 jóvenes hasta el final de la legislatura para "recuperar el tiempo perdido" y alcanzar el objetivo marcado por la Junta de incorporar 1.000 jóvenes al año, cuando se han incorporado sólo unos 440-450 anuales y se han perdido entre 1.600 y 1.800.

De la misma forma, los socialistas pedían en su moción la implantación de las ayudas para el fomento de la titularidad compartida, potenciar las producciones ecológicas o crear el Observatorio de Precios Agrarios de Castilla y León, así como diseñar un modelo territorial en toda la Comunidad que sustituya los 22 mapas de las consejerías por uno solo.

Otras propuestas.

Además, entre las propuestas del Grupo Socialista se reflejaban la puesta en marcha de un plan de salvación para el caprino de leche, modificar las órdenes de ayudas para fusión o integración de cooperativas, las de transformación y comercialización de productos agrarios, silvícolas y de alimentación y cumplir los compromisos firmados para finalizar la construcción de los cinco sectores del regadío del Adaja y la puesta en marcha del regadío social de Tábara.

Finalmente, la moción recogía la movilización de los 40 millones del presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario para créditos preferentes a las industrias agroalimentarias y publicar el decreto que garantice la participación en el diseño y puesta en marcha de los proyectos de zona en aplicación de la Ley de Desarrollo Rural.

Manuel Fuentes aseguró que la mayoría de las propuestas recogidas se deben a conversaciones mantenidas con organizaciones agrarias y cooperativas y criticó que a falta de un año para el fin de la legislatura el PP no haya cumplido el 75 por ciento del programa electoral y sólo haya "muchas palabras".

Por su parte, la procuradora del Grupo Popular Cristina Ayala aseguró que 12 de las medidas propuestas por los socialistas ya se llevan a cabo por parte de la Junta de Castilla y León, una se encuentra pendiente de algunos "flecos" y una es imposible si no se producen cambios jurídicos.

Ayala acusó a Fuentes de ser "poco original" al acudir a las Cortes a propone 16 medidas cuando hay 13 que ya están en desarrollo y aseguró que su intención sólo es "meter prisa" al Ejecutivo para "apuntarse tantos".

La procuradora concretó que el plan de apoyo a las mujeres que viven en zonas rurales, a la que faltan "pequeños flecos" pero ya existe un acuerdo para un plan que se extenderá entre 2010 y 2015 mientras que otra medida como la cotitularidad de las explotaciones, a su juicio, es imposible de aplicar y provoca problemas al suponer la creación de una figura inexistente en el Código Civil.

La tercera de las medidas que no se llevan a cabo de las propuestas por el PSOE y que la procuradora 'popular' rechazó es la referida a la creación de un Observatorio de Precios de Castilla y León porque considera que no es "útil" y que ofrecería una información sesgada ante la existencia de uno nacional del que ya forma parte la Comunidad.

Ante estas explicaciones, Ayala aseguró que la Junta de Castilla y León obtiene un "notable alto" en el cumplimiento de sus propuestas.