La resolución se produce a propuesta de la Dirección Adjunta Operativa (D.A.O), en virtud de la cual el primero de ambos abandona el cometido de jefe del Seprona y, en comisión de servicios, pasa a ser oficial adjunto de la 3ª Compañía Territorial, cuya oficina se encuentra en el Cuartel de Los Vadillos, en Valladolid capital, según informaron a Europa Press fuentes del caso.

Por contra, el sargento de la Oficina Técnica de esa misma sección del Seprona, Francisco Javier M.M, queda cesado igualmente pero de cualquier función en dicha unidad tras serle revocado su destino, con lo que, a pesar de que sigue dependiendo orgánicamente de la Comandancia de Valladolid, queda en su casa a la espera de que se le asigne un nuevo servicio.

Por el momento se desconoce la resolución que se adoptará con el tercer agente en discordia, Óscar J.A.I, miembro de uno de los dos equipos de investigación del Seprona y quien hasta el momento a hecho causa común junto con el anterior, Francisco Javier M.M, ambos respaldados por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), en el enfrentamiento que mantienen con el que hasta ahora era jefe de esta sección.

La Unión de Oficiales (UO), alineada tras este último, calificó de "injusta" la resolución adoptada en su caso concreto al entender que con ella se castiga a quien destapó una serie de irregularidades cometidas por sus subalternos, quienes tienen costituida la Fundación Proyecto A.R.B.O.L. a través de la cual asesoran en materia medioambiental a empresas y distintas instituciones, tales como ayuntamientos y diputaciones.

Por ello, desde la UO se anunció su propósito de estudiar la resolución adoptada contra Jesús U. para la presentación del oportuno recurso.

La pasada semana, la Fiscalía de Valladolid acordó abrir una investigación a los dos socios de esta fundación por si éstos pudieran haber incurrido en un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, previsto en el artículo 439 y siguientes del Código Penal, y/o cohecho del artículo 419 y siguientes del mismo texto legal, en respuesta así a la denuncia que por tales hechos presentó la UO.

Los dos agentes objeto de investigación denunciaron, a su vez, a su jefe, Jesús U, por distintas irregularidades, algo que desde la UO se ha venido considerando como una "cortina de humo" de éstos para tapar sus negocios.

Entre esas conductas, los dos guardias acusaron a su mando de deasignar a sus subalternos servicios sin avisarles con la suficiente antelación, así como de apropiarse de un ordenador de la unidad, utilizar al personal como taxistas o para hacerle trabajos que debe presentar como alumno de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), además de cobrar un kilometraje por desplazamiento cuando en realidad el trayecto lo había realizado en el vehículo de otro agente.