La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, informó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que, en Consejo Territorial sobre la aplicación de la Ley de Dependencia, que se celebrará el 1 de junio, Andalucía va a seguir defendiendo la propuesta que ha hecho hasta ahora, consistente en que el 50 por ciento del fondo que se reparte para este año sea en función de personas realmente atendidas.

Para la consejera, no puede ser que tres años después de empezar a desarrollarse la Ley de Dependencia, se siga como criterio preponderante manteniendo a personas potencialmente dependientes.

Expuso que, por el criterio de número de habitantes y de población potencialmente dependiente, el reparto del fondo único que se hace una vez al año supone para Canarias 1.200 euros por persona atendida y para Andalucía, 420 euros, algo que, a su juicio, es "absolutamente injusto".

Insistió en que Andalucía no quiere ningún privilegio ni premio, llegando a apuntar que si con los criterios que defiende el Gobierno andaluz, alguna otra comunidad recibe "más dinero que nosotros, me parecerá estupendo". "Andalucía sólo quiere defender el derecho de los andaluces y, sobre todo, el esfuerzo económico que está haciendo el Gobierno andaluz", precisó.