Álvarez-Castellanos hizo estas declaraciones a raíz de la publicación del Real Decreto Ley de medidas antidéficit que establece, entre otros, la prohibición de acudir al crédito para el pago de inversiones y la cancelación de las operaciones de tesorería a 31 de diciembre de cada año por parte de los ayuntamientos.

Señaló que los efectos de estos recortes se unirán a los de la subida del IVA a partir del próximo julio, lo que "repercutirá en el coste de las inversiones y en la adquisición de bienes y servicios", así como a los producidos por la reducción de transferencias corrientes y de inversión incluida en los presupuestos de este año.

De igual forma, defendió, también contribuyen a mermar la situación económica de los consistorios la prestación de servicios que no son de su competencia y el "olvido continuado e intencionado de PP y PSOE en lo relativo a la aprobación de una nueva ley básica del Gobierno de los ayuntamientos y la reforma de su financiación".

Para Álvarez-Castellanos, la creación de esta norma "es de urgente necesidad, antes de seguir dando palos de ciego con medidas inconexas y erráticas que no conducen sino al colapso de la administración local, por la falta de responsabilidad y compromiso de los partidos mayoritarios".