El director general de Movilidad, Antoni Verger, tachó hoy de "indecente" que el PP haya denunciado ante los Juzgados los contratos de las obras de emergencia que se llevaron a cabo en el Metro de Palma para "arreglar los despropósitos" de la ex-consellera de Transportes y Obras Públicas, Mabel Cabrer, a quien acusó de "intentar confundir y desviar la atención" al asegurar que los trabajos que se llevaron a cabo en este medio de transporte tras las inundaciones de 2007 se concedieron a empresas "a dedo y sin concurso público".

En una rueda de prensa, Verger informó de que la Abogacía de la Comunidad Autónoma se ha personado en la denuncia que el PP amplió el pasado 18 de mayo ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma y que había interpuesto ante la Fiscalía por las contrataciones "irregulares de hasta 10,5 millones de euros" en las citadas obras de emergencia que se ejecutaron en el Metro de Palma.

Verger destacó que la Abogacía de la Comunidad Autónoma "defenderá la actuación de la administración", de forma que negará "cualquier tipo de actuación delictiva" en los contratos de obras de reparación, para las cuales el Govern destinó 30 millones de euros, la mayoría de ellos para instalar dos grandes colectores de pluviales en el Polígono de Son Castelló, si bien el coste de estos trabajos fue mayor.

Así, explicó que las empresas que se habían encargado de la construcción de esta infraestructura también tuvieron que asumir el coste de las deficiencias que eran responsabilidad suya y que habían provocado las inundaciones.

El director general de Movilidad detalló que de los 30 millones de euros que se gastó el Ejecutivo, 2,4 millones fueron destinados a contratar a la empresa pública INECO para llevar a cabo la auditoría y la asistencia técnica de los trabajos, de manera que se encargó, por un lado, de detectar las deficiencias y, por otro, de dirigir las obras de reparación, que fueron ejecutadas por las 21 empresas que se habían encargado de la construcción de este medio de transporte en la pasada legislatura.

Verger también discrepó del último informe de la Sindicatura de Cuentas, en el que se señala que no estaba acreditada la emergencia de los trabajos de reparación del Metro. En esta línea, aseguró que sí que estaba justificada esta emergencia, teniendo en cuenta que el Metro se inundó, después de que lloviera 20 litros por metro cuadrado el 21 de agosto de 2007 y 15 litros el 22 de septiembre, por lo que sino se hubieran contratado directamente las obras y los servicios, la apertura de esta infraestructura "se podría haber retrasado dos años".

Por otra parte, informó de que el Consejo de Administración de SFM también adjudicó por 8,8 millones de euros a la

Ute ineco-GRUSAMAR el contrato de consultoría y asistencia para poder llevar a cabo los proyectos ferroviarios (estudios, redacción de proyectos y asistencia técnica), en virtud del convenio ferroviario con el Ministerio de Fomento, que ascendía a 443 millones de euros.

No obstante, negó que este contrato se hiciese a dedo, sino que se convocó un concurso público al que concurrieron cinco empresas y, de ellas, se eligió a la que ofreció la "mejor oferta económica y el mejor proyecto técnico", en referencia a INECO-GRUSAMAR. Además, añadió que "no se presentó ninguna impugnación contra el acuerdo de adjudicación".

La empresa "más prestigiosa del estado"

Verger recalcó que para reparar las obras del Metro, el Govern recurrió a la empresa pública INECO, debido a que es la "más prestigiosa del Estado" en materia de consultoría ferroviaria, tal como lo certifica el hecho de que sea la misma que contrata el Ministerio de Fomento para la mayoría de las obras. Además, añadió que esta compañía también ha sido contratada por otras Comunidades Autónomas, como Madrid, Valencia o Murcia para que llevara a cabo la asistencia técnica de proyectos ferroviarios.

"Acudimos a esta consultora para que esclareciese los motivos para que hubiese unas deficiencias tan graves en materia de seguridad y de captación de pluviales en el Metro y para que nos ayudara a dirigir las obras de reparación, que fueron ejecutadas por las mismas empresas que habían sido contratadas en la legislatura del PP", insistió.

Por otro lado, añadió que se recurrió al procedimiento de urgencia para que los contratos se pudieran llevar a cabo de manera directa, de cara a reestablecer el Metro con la "máxima celeridad". Así, recordó que este procedimiento es el mismo que utilizó el Govern del PP durante la pasada legislatura para llevar a cabo las obras de los taludes de Son Tell en Petra durante 2004, después del accidente de tren.

Por ello, mostró su "convencimiento" de que en cada uno de los pasos que ha dado el Ejecutivo para resolver las inundaciones del Metro y arreglar las deficiencias en esta infraestructura, "no hubo ninguna irregularidad administrativa y mucho menos cualquier tipo de actuación delictiva".

Además, Verger agregó que el informe de la Sindicatura de Cuentas de 2008 "tampoco hace ninguna mención, ni insinuación, respecto a la posible comisión de un delito", sino que únicamente "discrepa" con el Govern respecto a la urgencia de los trabajos, a pesar de que así lo "certificaron" los servicios jurídicos de SFM y de la Comunidad Autónoma.

"El Ejecutivo está absolutamente tranquilo porque los trabajos se hicieron con todos los informes jurídicos y técnicos y de una manera racional, lógica y explicable", remarcó, a la vez que dijo que con la personación de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, el Govern quiere facilitar las actuaciones de la Administración de Justicia "aportando toda la documentación relativa a las obras y a los expedientes de contratación sobre los que se dirige la denuncia del PP".

Asimismo, se pide al Ministerio de Fiscal que aporte todas las diligencias realizadas en relación a las denuncias presentadas por SFM a la Fiscalía el pasado 13 de febrero de 2009 para que determinase las responsabilidades que se puedan derivar de la incorrecta ejecución de las obras contratadas por la anterior dirección de SFM y que motivaron la adopción de la declaración de emergencia de las obras de reparación del Metro.

"dependencia técnica"

Finalmente, el gerente de SFM, Jaume Jaume, negó que el Govern haya contratado de manera irregular las unidades móviles eléctricas por 54 millones de euros, tal como denuncia el PP. En este sentido, explicó que el 31 de julio de 2008, el Consejo de Administración de SFM aprobó la adquisición de nuevas unidades móviles eléctricas, "condicionado por la dependencia técnica con la empresa fabricante CAF, en virtud de un convenio suscrito el 27 de septiembre de 2005 con el Govern de Jaume Matas para la adquisición de las unidades del Metro".

De esta manera, detalló que esta dependencia técnica radica que los coches del Metro no son compatibles con otros proveedores, por lo que el actual Govern "no tuvo alternativa para adquirir 11 locomotoras y 11 coches eléctricos dispuestos para cubrir la línea Palma-Inca, una vez esté electrificada".