El PRC dice que la retirada de competencias a Pellón era "preventiva" mientras se resuelve un expediente

Fernando Fernández subraya que es una medida "de prudencia y de ética política"

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) aseguró hoy que la decisión de retirar las competencias de urbanismo a su socio de Gobierno en el Ayuntamiento de Bareyo era una medida "preventiva" mientras se resuelve un expediente administrativo contra el edil socialista por una presunta ilegalidad urbanística.

Así lo explicó el secretario de Organización del PRC, Fernando Fernández, tras hacer pública el PSOE la ruptura del pacto, una decisión que, sin embargo, no ha sido comunicada todavía oficialmente a los regionalistas.

Por ello, el PRC esperará a tener esa comunicación oficial para pronunciarse sobre la ruptura y sobre el futuro del municipio aunque, a priori, Fernández asegura que no están "preocupados" porque, a su juicio, los vecinos de Bareyo entienden lo que ha sucedido.

Lo que sí aclaró el líder regionalista son las razones que han llevado al alcalde de Bareyo, el regionalista José de la Hoz, a retirar las competencias de urbanismo a Roberto Pellón, único edil socialista en la Corporación.

En declaraciones a Europa Press, Fernando Fernández destacó que Pellón está incurso actualmente en un expedientes administrativo en el propio Consistorio a raíz de la denuncia de un particular que le acusa de una posible ilegalidad urbanística en suelo rústico.

Según dijo, en vista de ese expediente el alcalde decidió retirarle las competencias urbanísticas mientras se resuelve el asunto, como medida "preventiva" que se anularía si finalmente la resolución del expediente es favorable al edil.

Para el secretario de Organización regionalista, la actuación del alcalde "ha sido en todo momento correctísima" y la medida adoptada es "de prudencia y de ética política y moral". Desde su punto de vista, "lo lógico es un paréntesis momentáneo" y si finalmente, no hay responsabilidades, retomar las funciones.

A su juicio, un edil no puede ser concejal de urbanismo y tener pendiente una resolución administrativa por presunta ilegalidad urbanística. "Creo que tendría que haber salido del propio concejal", concluyó Fernández.

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