Déniz que ingresó en prisión hace un mes por su imputación en la 'Operación Jable', ha dicho a la salida del centro penitenciario que se encontraba "muy bien". A las puertas de la prisión de Tahíche se encontraban su marido, sus hijos, así como sus abogados, según informó el periódico Canarias7 y recogió Europa Press.

El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, decretó la noche del 21 de abril el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la funcionaria en comisión de servicio en la Academia Canaria de Seguridad por un presunto delito de cohecho y otros en el marco de la presunta trama de corrupción del 'caso Unión' y dentro de la denominada 'Operación Jable'.

A raíz de su imputación y traslado al centro penitenciario de Tahíche, Déniz presentó, a través de un familiar, su baja temporal como afiliada de Coalición Canaria (CC) "hasta que se esclarezcan los hechos".25 DETENIDOS

En total, el número de arrestos efectuados en el marco de la bautizada como 'Operación Jable' —tercera fase del 'Caso Unión'— suma un total de 25.

Entre ellos se encuentran empresarios, como el andaluz José María Rosell, así como representantes políticos, tales como el histórico líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín —arrestado en prisión—, la ex presidenta del Cabildo de Lanzarote y actual consejera de Recursos Humanos en la corporación insular, María José Docal, la ex alcaldesa de Arrecife María Isabel Déniz y el abogado Francisco Rodríguez-Batllori (CC), que fue consejero de Empleo y viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, además de diputado en la Cámara regional.

Las detenciones y registros se han realizado tanto en Lanzarote, como en Gran Canaria, Madrid y Almería.

Tres fases

La 'Operación Jable', sobre presunto cobro de comisiones ilegales a empresarios de Lanzarote para conseguir la adjudicación de contratos para las obras y servicios que se realizaban en la isla, salió a la luz pública el 19 de abril cuando comenzó la primera fase del operativo con la detención de ocho personas.

La segunda fase aconteció el 23 de abril con el arresto de otras siete personas y, posteriormente con el arresto de Dimas Martín.

La tercera y última fase arrancó el 27 de abril con otros ocho arrestados y se elevó hasta un total de 25 ayer miércoles con la detención del empresario Juan Francisco Rosa, según precisaron las mismas fuentes.

La investigación que llevan a cabo agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la UCO ha permitido "poner al descubierto un complejo e importante entramado" de corrupción, asentado en "varias" instituciones de la isla de Lanzarote, según informó la Benemérita. TESTAFERROS

Así, la investigación ha puesto de manifiesto que a través de un "importante entramado" empresarial y utilizando a varias personas que actuaban como testaferros, una persona ocultó la propiedad de sus bienes para que estos no pudieran ser intervenidos por la Administración de Justicia.

Por otra parte, la trama está también relacionada con supuestos pagos, que con fondos de un consistorio de Lanzarote y de empresas públicas, se realizaban a uno de los detenidos por servicios no prestados. Otro ex-cargo público ejercía tráfico de influencias sobre los funcionarios para que hicieran efectivos dichos pagos.

"la trama organizada más importante" de la isla

De este modo, la 'Operación Jable' comenzó el 19 de abril cuando agentes de la Guardia Civil registraron varias dependencias del Cabildo de Lanzarote, una sucursal bancaria, así como domicilios y empresas del presunto entramado de corrupción.

La investigación ha permitido desarticular "la trama organizada más importante de Lanzarote dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios, así como al enriquecimiento económico de cargos públicos que compartían intereses en sociedades beneficiadas en dichas actividades", según informó la Benemérita en un comunicado.

Los beneficios económicos procedentes del pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos o la revisión de estos contratos, dependían en buena medida de decisiones administrativas de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización.