Hasta el momento, se conocía de la existencia de dos contratos firmados por la Consejería de Cultura durante el anterior Gobierno y la citada empresa. Estos habían sido requeridos al Ejecutivo vasco por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, que investiga la presunta trama relacionada con el cobro de supuestas comisiones ilegales.

En el caso, se encuentran imputadas 11 personas, entre ellas dirigentes del PNV y personas vinculadas a este partido, como el ex viceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, el ex diputado foral Alfredo de Miguel, el ex director del Parque Tecnológico de Miñano, Alfonso Arriola; el ex miembro de la ejecutiva alavesa jeltzale, Aitor Telleria, o el ex director del Instituto Foral de Bienestar Social de Álava, Koldo Otxandiano.

Precisamente, las esposas de De Miguel, Telleria y Otxandiano

—Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratze Gaztelu—, imputadas también en la causa, figuran como administradoras de Kataia Consulting.

Según la documentación aportada por el actual Departamento de Cultura, en respuesta a una pregunta parlamentaria del representante del PP en la Cámara vasca Carmelo Barrio, la anterior Consejería de Cultura firmó tres contratos en 2007 con esta empresa, todos ellos por debajo de los 12.000 euros, límite a partir del cual, en aquel momento, había que sacar a concurso los contratos.

Uno de los contratos estaba destinado a 'Grabación análisis de los participantes en el programa de juventud vasca cooperante durante los años 2004, 2005 y 2006' y se firmó por un importe de 11.890 euros. Cultura también contrató a Kataia Consulting para el diseño y montaje de un 'stand' de la red de albergues juveniles en Euskadi, trabajo por el que le entregó 11.165 euros.

El objeto del tercer contrato, dotado con 11.020 euros, era el 'Diseño, organización e impartición de un curso para la promoción del trabajo voluntario en programas de promoción intergeneracional'. Según el Departamento de Cultura, "no consta documentación alguna relativa a dichos contratos o fruto de ellos".