Según se establece en el texto de la Resolución que se les ha remitido a los convocantes, las marchas no podrán llevarse a cabo dado el carácter ilegal de las convocatorias, ya que estos actos "se convierten así en apoyo explícito a las conductas delictivas de las personas detenidas y por tanto a la organización de la que presuntamente forman parte".

La Ertzaintza establecerá el dispositivo necesario para garantizar el cumplimiento de la Resolución y para evitar que se puedan registrar alteraciones del orden público.