El sindicato critica en un comunicado que las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros "atentan a derechos sociales básicos, entre ellas los recortes de las retribuciones de los empleados públicos, recorte situado en los cuerpos docentes entre un 5,75 por ciento y un 7 por ciento en los salarios".

Creen que "estas medidas vulneran la Ley de Presupuesto de 2010 aprobada por el Parlamento del Estado español y los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias".

"maniobras especulativas"

En este sentido, afirman que "los trabajadores en general y los empleados públicos en particular no tienen ninguna responsabilidad en la crisis económica ocasionada por las maniobras especulativas, la desregulación de los movimientos de capital y la reducción de ingresos públicos.

Remarcan que "el déficit actual del Estado español es consecuencia de la disminución de ingresos y por las subvenciones a la banca y a las empresas automovilísticas, no debido al gasto social ni de los salarios".

En este sentido, reiteran que "la deuda española en su mayor parte es deuda privada de los bancos, que el Estado está avalando".

Así, subrayan que "el dinero entregado a los bancos sólo sirve para mejorar sus beneficios y continuar especulando contra el Tesoro Público español esperando que sus maniobras la pague la población asalariada, tanto del sector público como privado". "En la empresa privada presionan para reducir salarios, cotizaciones a la seguridad social, y obtener facilidades y abaratamiento de despidos", apostilla el colectivo.

Agregan que, si hubiera que hacer frente al déficit y a la deuda, se podría "perfectamente" reducir partidas que no afecten ni a salarios ni a prestaciones sociales ni en inversión pública.

Recuperación de impuestos

Por tanto, apuntan a que los recursos pueden salir de "la recuperación de los impuestos sobre patrimonio y sucesiones de los grandes propietarios, del aumento del porcentaje del tramo máximo del IRPF, de la reducción del gasto militar en misiones de guerra en el extranjero, de la compra de armamento e investigación militar; de la persecución enérgica del fraude fiscal y de la economía sumergida, y de acabar con las subvenciones a la Iglesia".

También estiman necesaria la recuperación inmediata de los fondos de la Reserva de Inversiones de Canarias, "ahora en manos privadas", para destinarlos a gastos sociales y a inversión pública.

Por todo ello, EA-Canarias exige al Gobierno central la retirada del decreto-ley y el mantenimiento de las condiciones retributivas de los empleados públicos, de las pensiones y de otras medidas sociales (jubilaciones parciales, ayuda a la dependencia) y mejorando la situación de los servicios sociales.

Asimismo, culpa a las direcciones de los sindicatos estatales CCOO y UGT de haber contribuido a esta situación por sus "acuerdos y concesiones "al Gobierno y a la patronal.