El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, aseguró hoy que la Comunidad hará "lo necesario y posible" para contribuir al esfuerzo en una situación de "emergencia nacional" pero advirtió de que hará "lo justo" al ser el Ejecutivo central responsable del 80 por ciento de déficit y reclamó al Gobierno que explique cuestiones como la situación en la que quedan las inversiones de Fomento.

Herrera se expresó así en Valladolid durante su intervención en la presentación del II Acuerdo Marco para la competitividad e innovación industrial de Castilla y León 2010-2013, acordado con sindicatos y patronal, y aprovechó la ocasión para realizar reflexiones planteadas desde la "lógica cooperación y la responsabilidad compartida" de cara al futuro de la economía española.

El jefe del Ejecutivo autonómico, en declaraciones recogidas por Europa Press, aclaró que Castilla y León hará "lo necesario y posible" para contribuir a este "gran esfuerzo" nacional en un momento de "emergencia".

Sin embargo, aclaró que también se tiene que reivindicar que lo que tiene que hacer la Comunidad es "lo justo" y esto será, por ejemplo, recordar que el Gobierno que ha "impuesto" estas medidas es responsable de un 50 por ciento del gasto público pero también de un 80 por ciento del déficit.

En este contexto, recordó que Castilla y León ya ha hecho un sacrificio en la estabilidad financiera en los últimos años, algo que contó con críticas en el entorno del diálogo social, que supuso rechazar que en los presupuestos de 2009 y 2010 se agotara parte del déficit al que el Gobierno autorizaba.

Herrera aclaró que la Comunidad no cuenta con información sobre las medidas aprobadas ayer en el Consejo de Ministros más allá de la referencia de éste, ya que el Boletín Oficial del Estado (BOE) aún no ha publicado las decisiones aprobadas.

Así, esperará a su publicación y analizará el alcance de las medidas del Gobierno el próximo lunes en un consejo de gobierno extraordinario en el que comprobará la repercusión "directa" de las mismas.INFRAESTRUCTURAS.

Juan Vicente Herrera pidió al Ejecutivo central que informe al Gobierno autonómico y la sociedad de Castilla y León sobre la paralización e "incluso" anulación de algunas inversiones en infraestructuras "tan necesarias y tan reiteradamente prometidas".

A este respecto, considera que deberá informarse sobre los nuevos planes del Gobierno en esta materia "tan vital para el desarrollo y la cohesión" de la Comunidad y cómo quedan los plazos previstos.

El presidente de la Junta criticó la actitud del Gobierno y reclamó que se diga "toda la verdad" sobre una situación que algunos de los miembros del Ejecutivo consideran "muy crítica" al igual que las razones por las que en "pocas horas" se ha pasado de "recrearse" en los brotes verdes que indicaban algunas estadísticas coyunturales a imponer la necesidad de duros recortes sociales, el parón en las obras y la subida de impuestos.

Herrera calificó de "injusto y gravísimo" error que en lugar de un debate "sereno y riguroso" sobre la situación de las pensiones se haya puesto fin a la garantía que establecía el Pacto de Toledo y que con consenso excluía este asunto del debate partidista y establecía una revalorización anual de las pensiones.

En cuanto al "drama" del paro, el jefe del Ejecutivo autonómico incidió en que se está cebando fundamentalmente en el sector privado pero considera que los trabajadores del sector público no pueden ser presentados como "enemigos" de quienes trabajan en el ámbito privado.

En este sentido, criticó el recorte de salarios "adoptado" sin ningún tipo de diálogo o negociación y cree que el Gobierno a puesto "al pie de los caballos" a los empleados públicos, con la "deslegitimación y desmotivación" que ello supone, cuando se trata de los maestros y profesores, médicos y enfermeras y diferentes profesionales que se dedican a la seguridad y a la protección de los ciudadanos.

Así, recordó que la mayor parte del gasto de las comunidades autónomas tiene carácter social y se dedica a la sanidad, la educación, los servicios sociales y las políticas activas de empleo, cuestiones cuya financiación cree que debe "garantizarse" para que sirva de punto de partida a una gestión más eficaz de las mismas, algo que comparte que es "exigible".