Intersindical Canaria (IC) ha anunciado hoy que recurrirá ante los tribunales las resoluciones del Consejo de Ministros que afectan a las retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas.

Adelanta, además, que seguirá convocando movilizaciones contra estas medidas y presentará en los próximos días preaviso de huelga general de las administraciones públicas canarias recogiendo aspectos específicos de la problemática de las mismas en las islas, y en el camino hacia una huelga general en el archipiélago, informa la organización en un comunicado.

A su entender, "desde una perspectiva meramente jurídica", el recorte salarial propuesto por el Gobierno podría "colisionar frontalmente con la Constitución Española de 1978, lo que conllevaría la posibilidad de solicitar el auxilio judicial por violación de la misma".

"Es la primera vez que se toma una medida de esta característica en el Estado español desde la Transición y la aprobación del citado texto", añade.

De este modo, critica el "ataque frontal a las retribuciones consolidadas de los empleados públicos, que viola derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional, y, en consecuencia, posibilita la activación de los mecanismos de protección del mismo".

Asimismo, considera que "es importante recordar que las retribuciones percibidas por los empleados públicos son las básicas y las complementarias, sumando ambas un todo consolidado a través de sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado".

Derecho a la negociación colectiva

Por otro lado, esta organización entiende que Las Leyes de Presupuestos, en tanto que emanadas de las Cortes Generales Españolas, "no pueden ser atacadas, corregidas ni perturbadas por las normas dictadas por el poder ejecutivo".

En el caso del personal laboral se vulnerará, con estas medidas, además, "el derecho a la negociación colectiva, a la par que afectaría a los convenios colectivos de este personal, lo que a su vez afectaría a la seguridad jurídica".

El sindicato subraya que "no existen, además, según el propio Gobierno, circunstancias especiales que avalen la oportunidad o justifiquen tales excepcionalísimas medidas de recorte, pues que el propio presidente del Gobierno negó sistemáticamente la crisis financiera en el Estado español, para acto seguido anunciar en más de una docena de ocasiones que ya se ha salido de la crisis, y todo ello antes del anuncio de estas medidas, por tanto ninguna excepcional coyuntura justifica las mismas".

"nulo argumento jurídico"

En cuanto a la argumentación esgrimida por el Ejecutivo central acerca de que España realiza, con el recorte, una actuación similar a la que han ejecutado otros países de su entorno, "no deja de ser un muy débil o nulo argumento jurídico", según precisa en su nota la organización.

De este modo, señala que, según los Tratados de la Unión Europea continúa siendo una materia exclusiva de cada Estado miembro toda la regulación judicial, policial y funcionarial, así como su estructura organizativa.

"Poco tienen que ver, por ejemplo, la administración pública Irlandesa y su régimen funcionarial con el caso español, forzar esta especie de 'Derecho Comparado' para justificar esta medida carece de todo rigor jurídico", apostilla.

Asimismo, resalta que "es jurídicamente cuestionable que exista posibilidad de modificar los presupuestos generales, las Leyes de Presupuestos vigentes, legalmente aprobados por el Parlamento estatal, a mitad de un ejercicio presupuestario y mucho menos con un instrumento jurídico de menor entidad, como es un Decreto Ley".