Con este acto de protesta, los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF expresaron su total rechazo a las medidas que el Gobierno quiere llevar a cabo y que tienen que ser ratificadas a través de un Decreto Ley en el Consejo de Ministros previsto para esta tarde.

Los representantes de los sindicatos convocantes coincidieron en su crítica a la imprecisión de los recortes, especialmente, después de que esta mañana la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Rumí, dijera a los representantes de los trabajadores que escucharan "la radio" para conocer los detalles de estas medidas.

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Illes Balears, Aurelio Martínez, dijo, en este sentido, que Rumí les remitió a escuchar la radio "porque ella tampoco sabe absolutamente nada de cómo se va a aplicar el decreto". Así, aseveró que les parece "una desvergüenza que a estas alturas el Gobierno no tenga una idea clara de cómo aplicar un decreto que anunció hace quince días. Da una imagen de improvisación y de desconcierto total en este país".

En términos similares se expresó el presidente del CSI-CSIF, Andreu Bou, quien señaló que las palabras de Rumí son "una declaración de guerra" hacia sindicatos y funcionarios y agregó que este colectivo está "cada vez más crispado". Asimismo, criticó que el Gobierno, "en vez de suavizar los términos y dar un mensaje de diálogo, lo que hace es endurecerlos", por lo que aseguró que los sindicatos los van a "endurecer también".

El representante de UGT afirmó, además, que este sindicato va a judicializar el decreto que se apruebe esta tarde porque considera que "cae en ilegalidad" por tres razones. Así, indicó que quiere hacer retroactivas estas medidas, "algo que la Constitución prohíbe". Además, considera que supondría un agravio comparativo porque en vez de ser una norma universal para todo el empleo público, afectará sólo a los funcionarios. También consideran que es ilegal porque incumple el Estatuto básico del empleado público (EBEP), que dice que "el Gobierno en momentos de crisis puede anular los acuerdos, pero nunca rebajar los salarios públicos", explicó.

La secretaria general de CCOO en Baleares, Katiana Vicens lamentó que el Gobierno no haya "retrocedido ni un milímetro respecto a lo que planteó el primer día", más allá del anuncio que hizo ayer Zapatero en el que dijo que "se subirán los impuestos a las grandes fortunas", una medida que la sindicalista tildó de "demagógica".

Vicens subrayó que el Gobierno ha demostrado "una total falta de consenso" a la hora de exponer estas medidas y añadió que es importante que se concreten para saber el alcance real que tendrán. "Esto no es más que el principio de algo que no sabemos donde llegará y que dependerá de la tozudez de Zapatero", sentenció.

La líder de CCOO en las islas recalcó que esta concentración es la primera movilización que realizaran los sindicatos y apostilló que, "como parece ser que la posición del Gobierno es tirar adelante y no recular nada, los sindicatos tampoco pueden recular".

En esta línea se mostró también el presidente del CSIF, quien destacó que este es el principio de las movilizaciones que pretenden llevar a cabo, las cuales matizó que irán "in crescendo" hasta desembocar en el huelga general del sector público convocada para el día 8 de junio.

"No es posible que una persona que ha trabajado 40 ó 50 años, como pueden son todos nuestros padres y abuelos, ahora tengan que estar a los caprichos de un señor que ha despilfarrado el erario público", afirmó Bou.