Expertos en urbanismo, ordenación del territorio y derecho coincidieron hoy en calificar de "ilegal" el Plan de Ordenación del Litoral (POL) elaborado por la Xunta, al considerar que su contenido excede al que debe tener un plan territorial integrado (PTI) —fórmula bajo la que se desarrolla— y al no contar con un estudio de sostenibilidad económica, que la ley estatal requiere para "todos los instrumentos de ordenación".

Así lo pusieron de manifiesto varios expertos en sus respectivas comparecencias ante la comisión parlamentaria que estudia el POL. De este modo, el sociólogo y urbanista Daniel Pino —ex responsable del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en la pasada legislatura— afirmó que "es ilegal" tramitar este plan como un PTI porque su contenido se ajusta más al de unas directrices de ordenación, pues "prohíbe", en lugar de limitarse a ser "proactivo".

Además, señaló que, aunque el POL se apruebe al mismo tiempo que las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) —la Xunta prevé dar luz verde primero a este último documento—, "si no se cambia el contenido va a ser difícil que —el Plan del Litoral— se ajuste a la legalidad".

En la misma línea, un asesor de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Carlos Hernández, censuró el "alto grado de confusión" del documento y afirmó que es "demoledor desde la perspectiva de un municipalista" y constituye una "absoluta lesión de la autonomía municipal".

"Será la lesión más grave a los ayuntamientos", afirmó y advirtió de que "está abocado al fracaso" si pretende ordenar 1.700 kilómetros de costa. En cualquier caso, insistió en que es necesario que las DOT "vayan antes o a la vez" que el plan.

Por su parte, un representante del bufete Sánchez Goyanes, Ignacio Sanz, calificó de "rotundamente ilegal" el POL y argumentó que "por sí solo" el hecho de que el plan no incluya un informe del impacto económico que tendrá es "motivo más que suficiente" para llegar a esta conclusión, pues es un requisito de la Ley del Suelo estatal, que tiene carácter básico y, por tanto, debe cumplir Galicia.

Sanz puso como ejemplo el caso del Plan Territorial Insular de Lanzarote, anulado por el Tribunal Supremo en 2009 por no contar con dicho documento económico. "Si el POL no incorpora el informe económico será anulado antes o después por los tribunales", avisó y subrayó, en respuesta al diputado del PPdeG Román Rodríguez, que preguntó si la ley gallega exige ese análisis, que "la exigencia viene del derecho estatal".

Dudas por encima de 500 METROS

El representante de Sánchez Goyanes coincidió en que los contenidos del Plan del Litoral "no son los propios de un PTI", por lo que "la ilegalidad es evidente" y analizó que, ya que la legislación gallega admite como de interés de la comunidad autónoma sólo los terrenos dentro de la franja de 500 metros más cercana a la costa, las disposiciones sobre áreas más allá de esa distancia "pueden ser también disconformes a derecho", pues entran en el ámbito municipal.

Sanz censuró que, según la redacción del plan, "uso autorizable será todo aquel que quiera la Xunta". Consideró, asimismo, "cuestionable" la moratoria, mediante una orden, durante unos meses de la conocida como ley de los 500 metros.

"Debería hacerse mediante una ley de similar contenido a la de 2007 —el texto por el cual se prohibió la construcción en esa franja durante dos años con la posible ampliación de uno más, periodos ya agotados—", dijo y señaló que cualquier afectado puede reclamar y "podría haber responsabilidades económicas".

Por su parte, el catedrático de derecho administrativo José Luis Meilán Gil aseguró que "la tramitación del POL en paralelo a las DOT se corresponde con la legalidad" y que un plan de estas características "puede cambiar usos" del suelo. "No hay ningún problema en ello, el problema es la concreción", dijo y aludió a la dificultad de establecer límites entre las competencias municipales y las que sobrepasan a los ayuntamientos.

Posiciones políticas

Los grupos políticos mantuvieron sus posturas al respecto y la representante del BNG, Teresa Táboas, pidió la "devolución" del plan, en el que percibe "errores" técnicos y de derecho, así como que el documento se remita al Parlamento.

La portavoz del PSdeG, Mar Barcón, manifestó su preocupación por la falta del estudio económico y manifestó sus dudas respecto a la concreción real de algunos de los puntos del POL, como en el caso de los corredores ecológicos.

El diputado del PPdeG Román Rodríguez insistió en que el documento se formula como un PTI porque así se establece en la ley de 2007 y criticó que se pida "a la vez" más concreción y que "sea menos intervencionista".