Más de 200 profesionales del Derecho en Galicia piden "rigor y racionalidad" ante el proceso penal abierto

Exigen "máximo respeto" a Luciano Varela y ven "un error" decir que la causa "es el enjuiciamiento de la democracia por la ultraderecha"

Más de 200 profesionales del mundo del Derecho que ejercen en Galicia reclaman "rigor y racionalidad" en el debate sobre el proceso penal abierto contra el juez Baltasar Garzón después de que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela dictase apertura de juicio oral contra él por un supuesto delito de prevaricación al investigar sin tener competencia para ello las desapariciones del franquismo.

Así lo recogen en un manifiesto suscrito por magistrados, jueces, fiscales, secretarios, notarios, registradores, abogados, procuradores, catedráticos, profesores universitarios y otros, en el que piden "máximo respeto" a la labor del juez Luciano Varela Castro.

"Es un error afirmar que la causa abierta contra un magistrado de la Audiencia Nacional es el enjuiciamiento de la democracia por la ultraderecha", explican y dice que se trata de "la investigación de la posible comisión de un hecho delictivo, algo que, en el marco de una democracia consolidada, sólo en el curso de un proceso puede esclarecerse".

Por ello, consideran que "el atentado contra la democracia se produce, por el contrario, pretendiendo llevar la solución del proceso fuera de las reglas y procedimientos que lo disciplinan".

De este modo, reclaman "el máximo respeto a la labor del instructor Luciano Varela Castro porque "es manifiesto el compromiso de este magistrado en la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas a lo largo de su dilatada trayectoria profesional".

"simplificación injuriante"

"Rechazamos las calificaciones que desconocen ese compromiso personal y consideramos una injusticia la simplificación injuriante que algunas personas no dudan en proclamar desde todo tipo de tribunas", resaltan.

"La libertad y la democracia deben mucho a compromisos como el indicado, pero, sobre todo, a la defensa de los límites a los poderes estatales y de las reglas que aseguran los espacios de racionalidad en los debates", concluyen.

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