El interventor y el ingeniero municipal detectaron alteraciones en partes y medidores de caudal de Aguator

El objetivo era aumentar el "rendimiento" y obtener "ventaja económica" para el socio privado de Aguator

El interventor del Ayuntamiento de Torrelavega, José Vicente Martín; y el ingeniero municipal, César Martínez, detectaron "alteraciones" tanto en el recuento de los contadores de agua como en los medidores del caudal de agua de Aguator, la sociedad que gestionaba el agua en la capital del Besaya, constituida por el Consistorio y Sogesur, el socio privado y mayoritario, que formaba parte del Grupo FCC (Fomento de Construcciones y Contratas).

Así lo declararon ambos, en calidad de testigos, ante la Audiencia Provincial de Cantabria, en la sesión de hoy del juicio por el caso Aguator, que sienta en el banquillo a cuatro directivos de la empresa y un empleado del socio privado por presuntos delitos de estafa y societarios, al, presuntamente, falsificar la facturación del agua, de documentos de partes de trabajo y de impedir al Ayuntamiento el acceso a información sobre la sociedad de la que formaba parte.

En concreto, el interventor municipal enumeró entre las prácticas de la empresa con los contadores que se reflejaba un consumo de 30 hectómetros cúbicos en los pisos en los que no se habían hecho lecturas por estar vacías y en otros estas lecturas se hacían por duplicado, además de poner esta cantidad pese a que el consumo fuera inferior.

Con estas técnicas, prohibidas en el pliego de condiciones y el reglamento del servicio, se facturaron los años 1999 y 2000 unos 380.000 hectómetros cúbicos de más, en una práctica que se hacían de forma habitual y que obedecían a la "obsesión" de la empresa por facturar más cantidades ese año para cumplir los compromisos establecidos

Era un práctica con la que pretendían que el rendimiento del agua fuera mayor y lograr así "más dinero", y una "ventaja económica" para la empresa que suponía una "desventaja" para el Ayuntamiento.

Pero estos métodos "perjudicaban a los ciudadanos", ya que tendían a superar el umbral necesario para incrementar la siguiente fase del consumo, aunque eso fue algo que finalmente no sucedió. Además, el interventor municipal admitió que tras las quejas del Ayuntamiento, Sogesur rectificó y no volvió a actuar de este modo.

Y el ingeniero municipal, César Martínez, narró ante la Sección Primer cómo le empezó a resultar "increíble" el volumen de caudal que marcaban los medidores, que mostraban una "mejoría del rendimiento" pese a que no se habían producido inversiones.

Además, aseguró que los movimientos en los dos caudalímetros fueron modificados para que no se notara la diferencia entre la bajada que experimentaba uno respecto a la del segundo, por lo que sospechó que los medidores estaban "alterados" y "modificados" para que las mediciones no se correspondieran con la realidad, en una práctica que no fue "aleatorio" sino que requirió "alteración humana".

"Todo hacía pensar que estaba manipulado", aseveró, indicado que esa manipulación influía en la retribución que recibiría la empresa. Uno de los caudalímetros se averiaba "con frecuencia", y entonces era llevado a las oficinas para su reparación, algo para lo que el ingeniero municipal no encuentra explicación.

Martínez recordó que para acceder a estas instalaciones tenía que acudir acompañado de responsables de Aguator, debido a que no pudo disponer para su uso de las llaves de estas dependencias para acudir cuando él quisiera. "Creo que era para evitar que yo midiera por sorpresa", dijo.

El papel del jefe de administración

El interventor y el ingeniero admitieron haber tenido varios encuentros con el jefe de administración de Aguator, José Becerril, pero negaron que este le facilitara documentación de la empresa, y además defendieron que actuó guiado por la "ética" y mostrando "un coraje tremendo", y no en "venganza" al no haber sido cumplida su expectativa de convertirse en gerente de Aguator.

En cuanto al posterior nombramiento de Becerril como responsable del matadero comarcal desde el año 2003, explicó que este proceso fue por concurso, con varios candidatos y con un tribunal ante el cual "ganó limpiamente".

Becerril declarará mañana en el juicio en calidad de testigo, después de que los acusados le hayan señalado en el juicio como la persona responsable de las facturas y acusado de proponer hacer "trampas" en los contadores.

Análisis de la facturación

El ingeniero contó como en el año 2000, coincidiendo con los cambios en la propiedad del socio privado, Sogesur, hizo un análisis "más serio" de sus cuentas tras llegarle rumores sobre "cosas extrañas en la facturación" de Tedesa, procedentes de los trabajadores y del jefe de administración, José .

Ya antes se habían abierto expedientes por la "autocontratación" a Tedesa, empresa del grupo, de distintos proyectos, o por discrepancias en el denominado 'know-how' o conocimientos técnicos del socio privado, en virtud del cual el Ayuntamiento realizaba pagos a Aguator.

El interventor relató como en 1999 el socio privado le pidió que les rebajara el canon, algo que no entendía porque ese año había sido "estupendo" y además "el negocio del agua no tiene mérito" al disponerse ya de los clientes.

Además, según el interventor, el concejal de Hacienda, entonces Luis Carlos Albalá (PP) informó al alcalde, en esa época Francisco Javier López Marcano (PRC) que el socio privado había hecho una oferta al Ayuntamiento sobre su parte de Aguator.

El 49% de participación municipal era estimado por Sogesur en 800 millones de pesetas, cuando el interventor sostenía que en realidad era de 2.000 millones, algo de lo que advirtió a la parte pública, al ser un "expolio" que no "iba a permitir", toda vez que faltaban aún 24 años de concesión.

La defensa del primer gerente de Aguator aseguró en el juicio que existe un informe municipal, con fecha 10 de septiembre de 2001, que cifra en 15 millones de euros los beneficios que reportaría al Ayuntamiento el rescate de la concesión.

El interventor municipal negó este informe, por lo que el abogado le advirtió de que podía incurrir en un delito de falso testimonio. Este letrado pidió incorporar este documento a la causa, pero finalmente no se hará. Martín preciso que lo que sí ha hecho es "números" sobre la posibilidad de un "acuerdo amistoso" con el socio privado y señaló que "no recuerda" la existencia del citado informe.

En marzo de 2001 se produjo la reunión entre el Ayuntamiento y Sogesur en la que el socio privado no quiso darles unos datos sobre los partes de trabajo alegando que estaban en Madrid, y que el interventor achaca a que no se los quisieron enseñar porque estaban "cocinados" ya que, en realidad estaba viendo la carpeta "a dos metros de mí". En mayo el argumento para no entregarlos fue una recomendación de los servicios jurídicos de FCC, y hubo todavía otra reunión en junio, ya con una "tensión tremenda", en la que tampoco obtuvieron los papeles.

Martín Sánchez relató cómo el jefe de contadores, Jesús Esparza, acusado en este proceso, actuó con "total transparencia" ante las peticiones de información, e incluso le dio la "sensación" de que estaba "deseando que fuéramos" para contarlo. Es más, el interventor opina que este empleado, que abandonó la empresa después, "hubiera acudido él" si no llegan a ir los responsables municipales.

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