Así lo acordó la fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez, a través de un decreto por el cual resuelve abrir diligencias de investigación por si tales hechos fueran constitutivos de delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios, previstos en el artículo 439 y siguientes del Código Penal y/o Cohecho del artículo 419 y siguientes del mismo texto legal, imputables inicialmente a ambos miembros de la Benemérita, según informaron a Europa Press fuentes del caso.

La decisión de la Fiscalía vallisoletana se produce una semana después de que la Unión de Oficiales (UO) presentara denuncia por tales prácticas atribuidas a los dos investigados, circunstancia que según el colectivo denunciante viene a corroborar que las denuncias que, a su vez, habían interpuesto ambos contra su superior, el jefe del Seprona, el alférez Jesús U.M, no eran sino una "cortina de humo que lo único que perseguían era desviar la atención respecto a los hechos verdaderamente graves y que son los que ahora van a ser investigados".

Los dos agentes, socios de la referida fundación, y el jefe del Seprona se encuentran enfrentados y se han entrecruzado denuncias, enfrentamiento al que se han sumado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Profesional de la Escala de Suboficiales (ASES-GC), ambas en favor de los dos primeros, así como la Unión de Oficiales (UO), colectivo este último que ha cerrado filas tras el máximo responsable de la unidad.

Los dos primeros acusaron a su jefe, entre otras irregularidades, de asignar a sus subalternos servicios sin avisarles con la suficiente antelación, así como de apropiarse de un ordenador de la unidad, utilizar al personal como taxistas o para hacerle trabajos que debe presentar como alumno de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), además de cobrar un kilometraje por desplazamiento cuando en realidad el trayecto lo había realizado en el vehículo de otro agente.

La polémica entre los tres agentes llevó la pasada semana al delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, a anunciar que todos ellos, tanto el jefe del Seprona como sus dos subalternos, serían apartados de sus puestos "de inmediato", si bien hasta el momento ninguno de los implicados ha recibido la notificación de cese.