El Partido Popular de Castilla-La Mancha no descarta apoyar en el futuro la conversión del aeropuerto de Ciudad Real, de capital privado, en una empresa pública, suscribiendo de esta manera las declaraciones del presidente de la Confederación de Empresarios de la región (CECAM), Ángel Nicolás, o, incluso, estaría dispuesto apoyar que la gestión del único aeródromo privado de España fuera mixta.

Así lo puso de manifiesto hoy a preguntas de los medios el secretario del Grupo Popular, Marcial Marín, quien mostró sus temores de que al aval de 140 millones de euros que el Gobierno regional al aeropuerto sea "ilegal" y vulnere el artículo 47 de la ley 5/2009 de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2010.

Marín condenó la "obcecación" del presidente, José María Barreda, por ayudar "siempre" a los mismos y dijo que con dicho aval será la quinta vez que el Gobierno ayuda a la sociedad que gestiona el aeropuerto, recordando la expropiación de terrenos, el apadrinamiento de créditos de CCM, la inversión en infraestructuras que llegaran al aeropuerto, y la modificación "unilateral" de la LOTAU.

El diputado del Partido Popular y presidente provincial del partido en Albacete justificó sus temores en el hecho de que el presidente de Castilla-La Mancha no haya querido someter la concesión del aval a los informes jurídicos y preceptivos del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo que, a su juicio, hubieran aclarado que la operación que se va a llevar a cabo tiene "conformidad legal".

En torno al aeropuerto de Ciudad Real, Marín lamenta que Barreda permitiera que lo que en su día era una parcela única se haya dividido en varias parcelas lo que, según afirmó, ha provocado que a los accionistas ya no les preocupe la viabilidad de la infraestructura aérea y sí la de sus parcelas y que, por consiguiente, puedan reevenderlas "600 veces más caras".

Preguntado por casos similares como el del aeropuerto de Murcia o la factoría de Figueruelas (Zaragoza), que también han recibido avales de los gobiernos regionales, Marín cree que son casos distintos al de Castilla-La Mancha y habla de que en ambos casos son empresas solventes. Además, criticó que Barreda vaya a avalar a "gente insolvente y que se encuentra en proceso concursal".RECORTES

Marín afirmó que en Castilla-La Mancha 137.000 empresas se están "ahogando" por falta de crédito y hay 212.000 parados. Por ello, habló de "barredazo" y lamentó que el presidente permita que los funcionarios pierdan 280 millones de euros, 158 los pensionistas, 45 las embarazadas, lo que hace un total de 483 millones los euros que se perderán por los recortes anunciados por el Gobierno central.

Ante estas cifras, anunció que el Grupo Parlamentario Popular va a presentar un debate general en las Cortes regionales para que el Gobierno regional explique por qué "no ha luchado" para que Castilla-La Mancha no se vea "sacrificada" por los "severos" recortes, y en este contexto, pedirán a Barreda que solicite la reunión del Pacto de Toledo y exija que se garanticen las pensiones.