El Gobierno de Navarra aprobó hoy un proyecto de ley para regular las plazas de secretarios e interventores en entidades locales, una norma que confirma que estos puestos quedan reservados a funcionarios con habilitación a otorgar por la Administración foral.

La consejera de Administración Local del Gobierno de Navarra, Amelia Salanueva, presentó esta tarde en rueda de prensa el contenido del proyecto de ley, una norma que busca, según indicó, "resolver la interinidad de las plazas de secretarios e interventores locales".

Este proyecto normativo supone una modificación del título VII de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, y supone la culminación del "compromiso político" que adoptó la consejera Amelia Salanueva al inicio de esta legislatura.

Salanueva recordó que "desde 1990 no se procedió en ningún momento a sacar convocatorias públicas para que los secretarios e interventores pudieran optar a una plaza de funcionarios, perpetuando así una situación de interinidad".

La consejera explicó que "para remediar esto", en 2004 el anterior Gobierno foral redactó un proyecto de ley que fue aprobado por el Parlamento de Navarra, pero que, sin embargo, "fue objeto de numerosos recursos, el más importante del Tribunal Constitucional, que tuvo una sentencia desfavorable hacia dicha ley en el mes de junio del pasado año".

"Tras esta sentencia, que decía que no podía haber una restricción injustificada de las condiciones de acceso a la Función Pública, debíamos hacer un nuevo intento de justicia", defendió.

Salanueva apuntó, asimismo, que es un tema "complejo", pero añadió que el Gobierno tienen la "obligación de buscar una solución a la interinidad en estos puestos". En la actualidad, según la consejera, casi el 70 por ciento de los secretarios y la práctica totalidad de los interventores son interinos.

El proyecto

Salanueva expuso que la norma es "ambiciosa, pero sencilla" e insistió en que "nadie podrá estar habilitado sin plaza", es decir, que "no habrá más habilitaciones que las vacantes existentes".

El proyecto de ley, según explicó, mantiene la vigente clasificación de puestos de secretaría y de intervención, y define las funciones públicas necesarias y asignación respectiva a cada puesto de trabajo, así como la configuración del régimen jurídico de los funcionarios con habilitación (retribuciones complementarias, régimen disciplinario o situaciones administrativas, entre otras).

Asimismo, determina la existencia preceptiva de puestos reservados y establecimiento de umbrales poblacionales (600-800 habitantes) para determinar la provisión funcionarial de plazas vacantes. "Por encima de los 800 habitantes, 600 en el caso de que sean agrupaciones de entidades locales, será obligatoria la exigencia de una plaza de secretaría y de intervención", explicó Salanueva, en tanto no sean modificados por decisión parlamentaria de aprobarse la reorganización del mapa local de Navarra.

Por otro lado, el proyecto determina la asignación competencial al departamento del Gobierno de Navarra competente en materia de Administración Local, de la selección y nombramiento del personal que haya de ocupar funcionarialmente los puestos de secretaría e intervención, conforme a las determinaciones de las respectivas plantillas orgánicas. Así, la consejera puntualizó que "son los ayuntamientos los que tienen la autonomía determinar las vacantes que consideren y los perfiles de las mismas".

Además, destaca el acceso definitivo, sin provisionalidad alguna, a la condición de secretario e interventor, previa la obtención de habilitación foral por oposición o concurso-oposición en turno libre y de acuerdo al perfil lingüístico de cada plaza, sin que el número de las habilitaciones puedan superar el de vacantes resultantes de los previos concursos de provisión.

Asimismo, establece el mantenimiento del concurso unitario de méritos para la provisión entre funcionarios habilitados de las plazas, mediante sistema de elección sucesiva conforme a puntuación obtenida por aplicación de un único baremo y en su caso, por el perfil de carácter lingüístico.

Por otra parte, el proyecto incluye la confirmación única y actualización del régimen especial, reconocido al Ayuntamiento de Pamplona en la disposición adicional decimosexta de la ley foral de Administración Local, para seleccionar y nombrar a personal de secretaría e intervención.

El proyecto también establece el deber de las entidades locales de facilitar la información de las características de los puestos de secretaría e intervención, para posibilitar la correcta resolución de las convocatorias de acceso y provisión.

Además, incluye una moratoria de 3 años para autorizar al Gobierno de Navarra a implantar agrupaciones de municipios a los que en dicho plazo no hayan superado los umbrales establecidos para la provisión funcionarial de los puestos de secretaría e intervención.

Por último, el proyecto recoge un régimen transitorio, mediante el que se pretende proporcionar de la necesaria seguridad jurídica al primer proceso de provisión de plazas de secretaría convocado conforme a los criterios de esta ley foral.