Las defensas de los acusados en el caso Aguator han reclamado hoy a la Audiencia Provincial de Cantabria la impugnación de los informes basados en la documentación que llegó a manos de Izquierda Unida de Torrelavega y en base a los cuales se iniciaron las acciones judiciales, al considerar que fueron sustraídos a la empresa o que estaban manipulados.

Aguator era la empresa que prestaba el servicio municipal de aguas en Torrelavega, y estaba constituida por el Ayuntamiento y un socio privado y mayoritario, Sogesur, del Grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Cuatro de sus directivos y un empleado de Tedesa, subcontrata habitual de la empresa que pertenecía al mismo grupo, están acusados de delitos de estafa y societarios por la gestión de este servicio.

Pero en el juicio que ha comenzado hoy, sus defensas han criticado la vulneración de los derechos fundamentales que, en su opinión, se ha producido hacia los acusados, ya que, según denuncian, también se han incorporado nuevos supuestos de delito en las acusaciones de las que no se les ha informado y de las que, en consecuencia, no han podido preparar defensa.

Estas peticiones, que los abogados han presentado en las cuestiones previas a la celebración de la vista, han provocado que en el juicio no se iniciara la toma de declaración a los cinco acusados, que se pospone hasta mañana mientras se decide sobre estas cuestiones planteados.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria inicia así el juicio contra cuatro directivos de Aguator y un empleado de una de sus subcontratas por delitos de estafa y societario, en una vista que se prolongará hasta el mes de junio.

El Ministerio Fiscal pide contra ellos penas que suman 20 años de prisión e indemnizaciones económicas por, presuntamente, alterar contadores de agua, falsificar documentación y utilizar medios de esta sociedad mixta público-privada en beneficio del socio privado, Sogesur, y de su contrata Tedesa, que pertenecía a su mismo grupo empresarial, FCC.DOCUMENTACIÓN

Las defensas han centrado las cuestiones previas a la celebración del juicio en la documentación que inició el proceso y sobre la que sustentan los escritos de acusación tanto del Ayuntamiento de Torrelavega como del Ministerio Fiscal, que admite que son el "único indicio" de que se dispone de las presuntas irregularidades en Aguator.

Los letrados recordaron que la concejala de Torrelavega, Ester García, entonces en Izquierda Unida, se refirió a estos documentos, con cuestiones como partes de trabajadores, o pedidos, que habían llegado en el año 2001 al buzón de su partido.

Esto ya provocó una denunció por robo de documentación por parte de Aguator, que sin embargo fue sobreseída al no poder achacársela a nadie. La empresa tomó medidas y encargó a una compañía la identificación y registro de los documentos.

Según las defensas, "el tiempo vino a dar la razón" en estas denuncias porque, posteriormente, "volvió a aparecer documentación" en Izquierda Unida, en esta ocasión, mil folios "fotocopiados y manipulados" que, "casualmente", coincidieron en el tiempo con la declaración de un empleado ante el Ministerio Fiscal.

Es a este trabajador al que señalan como protagonista de un encuentro que se produjo "casualmente" con el interventor de Torrelavega en Santander, en una entrevista que fue grabada por un detective privado.

Este ingeniero y el interventor emitirían posteriormente informes sobre el quebranto patrimonial que se habría producido al Ayuntamiento, y que estimaron en 778.000 euros, basado en esta documentación que además fue utilizada por los peritos para los informes periciales. De hecho, esta parte estima que en estos papeles se han basado en 98% de las imputaciones.

Pero las defensas señalan que, al haberse obtenido mediante la sustracción y, por tanto, "violentando" derechos fundamentales, no pueden convertirse en pruebas.

Y en la documentación de la que sólo se dispone de fotocopias, cuestionan que pueda tenerse en cuenta, al no ser reconocidas por la empresa ni verificadas, por lo que "no se puede garantizar que estén manipuladas o confeccionadas 'ad hoc'.

El Ministerio Fiscal rechaza estas tesis, y aunque admite que los documentos llegaron a IU "de forma extraña", remarca que esta ha sido la única posibilidad de conocer lo que pasaba en Aguator, ya que se impidió el acceso a estos datos al propio Ayuntamiento de Torrelavega, socio público de la empresa.

En cuanto al papel del empleado, señala que el secreto profesional que podría tener por su cargo no es un obstáculo para que ponga en conocimiento de la justicia los hechos delictivos de los que tuviera información.

Las defensas también han criticado la indefensión que se produce entre los acusados debido a que se han incorporado de cara al juicio nuevas acusaciones respecto al auto de procedimiento abreviado. También alegan dilaciones indebidas en la instrucción, que se ha extendido durante ocho años.

Y han reclamado que se expulse del proceso al Ayuntamiento de Torrelavega como acusación particular, incidiendo en que debe adherirse a las propuestas del Ministerio Fiscal, en una petición que fundamentan en que en el escrito de acusación se han "omitido interesadamente" datos como las fechas de los presuntos delitos.