(AV.Miles de personas se manifiestan por las calles compostelanas "por el derecho a vivir en gallego"

Miles de personas han partido de la Alameda compostelana para reivindicar "el derecho a vivir en gallego", convocadas por la plataforma 'Queremos Galego' con motivo del Día das Letras Galegas, que en esta ocasión recibe el respaldo, además del BNG, del otro partido de la oposición, el PSdeG.

En un ambiente festivo al son de tambores y en medio de consignas como "En Galiza, en galego" o "as aulas da Galiza en galego", la manifestación arrancó encabezada por una pancarta en la que puede leerse "O galego, a forza do noso amor" ("el gallego, la fuerza de nuestro amor"), una frase cuya autoría pertenece a Uxío Novoneyra, el escritor al cual en esta ocasión se le dedica el Día das Letras Galegas.

La pancarta principal va sostenida, entre otros, por el portavoz de la plataforma convocante, Carlos Callón; el secretario xeral de la CIG, Suso Seixo; el diputado nacionalista Bieito Lobeira; y la coordinadora nacional de EU-IU, Iolanda Díaz.

Unos pasos más atrás, pero próximos a la cabecera de la manifestación, que concluirá en la Praza do Obradoiro, van los líderes de los grupos de la oposición, el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, y el secretario xeral del PSdeG, Manuel 'Pachi' Vázquez, junto con otros representantes socialistas como el presidente de la Fegamp, Carlos Fernández.

Al inicio de la manifestación, Carlos Callón resaltó que existe "un 20% de analfabetos funcionales en gallego", dato que subrayó que evidencia la necesidad de articular medidas. Por ello, apeló a la Xunta para que "escuche la voz de la sociedad" y emprenda medidas que potencien la lengua propia "históricamente desfavorecida" para garantizar "la igualdad real" con el castellano.

Además, el también presidente de la Mesa pola Normalización Lingüística subrayó que informes jurídicos como el dictamen del Consello Consultivo indican que el decreto del plurilingüismo que pretende aprobar el Ejecutivo gallego es "ilegal e inconstitucional". Así, contrapuso las alegaciones de este órgano que sitúan el proyecto "fuera del ordenamiento jurídico", con las que había planteado contra el decreto del anterior Gobierno bipartito, que dijo que se referían "a cuestiones menores".

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