CC.OO. cree que la subida del IPC en abril "ratifica" el rechazo sindical a las medidas de ajuste del déficit

El sindicato Comisiones Obreros aseguró hoy que la subida del IPC durante el pasado mes de abril "ratifica" la postura sindical de rechazo a las medidas de ajusta del déficit, ya que prevén que ésta supondrá un lastre para la economía.

Según informaron fuentes sindicales en un comunicado recogido por Europa Press, la inflación subyacente que excluye del IPC los productos alimenticios no elaborados y los derivados del petróleo reflejó una caída del 0,1 por ciento. Así, extrajeron la conclusión de que "no es difícil" concluir que el origen de gran parte de los incrementos de los precios se encuentra en el accionar de los grandes productores de materias primas alimenticias y energéticas".

CC.OO. consideró "grave" que en un escenario donde la economía "no logra despegar" y la inflación se acomoda en un 1,5 por ciento anual las "improvisadas e inequitativas" medidas de ajuste fiscal actuarán en buena medida sobre la inversión, al reducir unos ingresos dirigidos a las empresas q"ue hará imposible revertir la falta de crecimiento y por tanto el desbordado desempleo de nuestra economía".

Además, dudaron de que el grave problema del déficit fiscal vaya a ser solucionado sin una reforma que "efectivamente incida con una mayor carga impositiva sobre los grandes beneficios empresariales" y que, a su juicio, sólo hará mermar la recaudación "vía la profundización de la recesión".

El sindicato calificó el anuncio de José Luis Rodríguez Zapatero de "ataque directo y despiadado al poder adquisitivo de los trabajadores de rentas más bajas", por lo que creen que "sólo cabe" la respuesta del rechazo y la movilización.

Por su parte, el escenario en Castilla y León reproduce su homólogo nacional en el caso de la inflación interanual con un 1,5%, aunque se aleja en el caso de la inflación mensual, que sólo se incrementa un 0,2%.

En el comunicado, incidieron en que se puede afirmar "como nunca" que la factura de la crisis la pagan "en su totalidad" los trabajadores del país, de los cuales más de cuatro millones y medio (20,2% de la población económicamente activa) está en paro, a través un ajuste del gasto público que implica recortes del gasto social en materias tan sensible como dependencia, natalidad o cooperación al desarrollo, y que se nutre de rebajas salariales de los trabajadores del sector público y del congelamiento de las pensiones.

Los trabajadores españoles, según CC.OO, están "a merced de las recetas económicas dictadas por los mercados financieros, así como de las presiones políticas de la Unión Europea, el Fondo Monetario internacional y hasta de los Estados Unidos".

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