En concreto, el CSIF censura que las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, son una "traición a los sindicatos y a todos los trabajadores públicos, que siempre son los que pagan las restricciones presupuestarias". Asimismo, avanzó que la concentración irá dirigida a defender los intereses del personal no docente de la Conselleria de Educación y Cultura que fueron transferidos desde el Ministerio de Educación y Ciencia en el año 1998.

Mientras tanto, la secretaria general de CCOO en Baleares, Katiana Vicens, califica de "escándalo" el recorte de un 5 por ciento del salario de los funcionarios que aplicará el Gobierno a partir del mes de junio con el fin de reducir el déficit público, recordando que el sueldo de los empleados públicos ya se vio afectado por la actual situación económica, al limitar este año el incremento a un 0,3 por ciento.

Paralelamente, la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) en Baleares cree que la reducción de las retribuciones del personal del sector público constituye "una quiebra de la buena fe que había en el diálogo social" y una medida "desproporcionada e injusta" para los funcionarios de las islas.

Estas concentraciones se producirán después de que Zapatero anunciase una serie de medidas para reducir el déficit que contemplan una reducción de un 5% de media de las retribuciones del personal del sector público en 2010, que se congelarán en 2011, la eliminación de la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir de 2011 y la rebaja de los salarios de los miembros del Gobierno en un 15%.

Así lo puso de manifiesto Zapatero en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde adelantó que también se suspenderá para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas, y la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial que se aprobó en 2007.

Además, el jefe del Ejecutivo anunció una reducción de 6.045 millones de euros en la inversión pública estatal entre 2010 y 2011 y un recorte de 600 millones en la ayuda oficial al desarrollo en el mismo periodo. A las comunidades autónomas y ayuntamientos, el presidente les pidió un ahorro adicional de 1.200 millones de euros.

Cambios en la ley de dependencia

Por otro lado, se eliminará la retroactividad en la aplicación de la ley de dependencia, con una reforma en la que se establecerá un tiempo máximo de seis meses para la resolución de las solicitudes. De esta forma, una vez que entre en vigor la nueva norma, se suprimirá el pago de la cantidad pendiente desde que se hizo la petición. Los derechos de retroactividad que ya se hayan generado podrán pagarse en un plazo máximo de cinco años.

El Gobierno argumentó que la medida permitirá un importante ahorro y, además, incentivará la petición de más "servicios", que generan empleo.

Zapatero anunció, por último, planes para reducir el gasto farmacéutico logrando un consumo de medicamentos más eficiente y vinculado a las necesidades reales de los pacientes, adecuando el número de unidades de los envases de los medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos, de acuerdo a las indicadiones de la comunidad científica.

Se hará también posible la dispensación de los medicamentos en unidosis, mediante el fraccionamiento de los envases, de manera que el paciente pueda comprar el número exacto de unidades que necesite.