El PP tiene previsto ampliar la denuncia que interpuso ante la Fiscalía por las contrataciones llevadas a cabo desde Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), al aseverar que únicamente el 10 por ciento de estas operaciones se han llevado a cabo mediante concurso público mientras que el resto se han realizado "a dedo" y lamentar que la empresa lleva gastados más de 10,5 millones de euros en estas condiciones, según señaló la diputada Mabel Cabrer.

En rueda de prensa para valorar las informaciones aportadas por el órgano fiscalizador en su informe de 2008 sobre la gestión de SFM, Cabrer expresó su satisfacción por las conclusiones de la entidad, ya que "confirma las irregularidades" que ya denunció el PP ante la Fiscalía por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y tráfico de influencias.

En este sentido, manifestó que es el Consejo de Administración de SFM el órgano sobre el que recaerían estas acusaciones, en el que "tiene especial relevancia" el equipo directivo de la empresa, con el conseller de Movilidad y Medio Ambiente, Gabriel Vicens, el director general, el gerente y el cogerente al frente. "Contamos con muchos indicios claros de que se han cometido irregularidades, por lo que desde el Govern no pueden dedicarse a criticar la acción del PP", enfatizó la parlamentaria.

En este sentido, hizo referencia a las obras de emergencia del metro con las que, aseveró, se ha vulnerado la Ley de Contratos del Estado. Cabrer apuntó a la UTE formada por Grumasa e Ineco como la beneficiaria de un contrato de consultoría y asistencia para detectar las carencias en las obras y determinar soluciones, aunque en su opinión "lo que se ha hecho es declarar una emergencia ficticia" en algunas de estas obras para dar cobertura a la adjudicación.

Las mismas compañías que, agregó la ex consellera de Obras Públicas, percibió un contrato por 2,4 millones de euros en concepto de consultoría y asistencia técnica y que fue prorrogado "de forma ilegal" al margen de la normativa vigente en materia de contratación.

En total, la empresa pública lleva gastados, de acuerdo a los cálculos efectuados por el PP, de más de 10,5 millones de euros en pagos de consultoría y asistencia técnica mediante procedimientos de contratación "absolutamente irregulares". A lo que se sumaría, dijo, contrataciones "a dedo" del suministro del material móvil por 54 millones de euros mediante procedimientos negociados sin publicidad.

Preguntada por la razón por la que Grusamar e Ineco han sido beneficiadas de esta forma, Cabrer recordó que la segunda de estas empresas ya dirigió las obras del tren de Manacor en la primera legislatura del Pacte de Progrés.