La tramitación de la Ley de Dependencia y la escolarización, especialmente la libre elección de centro, centraron la mayor parte de las 513 quejas que, en el ejercicio 2009, recibió la Defensora del Pueblo Riojano.

La titular de esta institución, María Bueyo Díez Jalón, presentó este mediodía el informe anual de la Defensoría ante el pleno del Parlamento de La Rioja, en el que figuran las 2.121 actuaciones realizadas, de las que 1.368 fueron consultas, 513 quejas y 24 procedimientos de oficio, entre otras.

A ello se sumaron los informes sobre la constitucionalidad del Estatut de Cataluña y el 'blindaje' del Concierto Vasco, como actuaciones especiales.

Díez Jalón apuntó que, en su tercer año de andadura, la institución "se afianza paso a paso su labor de supervisión de las administraciones públicas riojanas y de garantizar los derechos de los ciudadanos", lo que demuestra el cada vez mayor número de consultas y quejas presentadas.

En concreto, en el capítulo de consultas, las 1.368 planteadas suponen un incremento con respecto a las 1.262 del año precedente. Respecto a los asuntos consultados, se ha registrado un incremento en temas "relacionados con el empleo y la crisis económica", además de las "más constantes", en aspectos como urbanismo y vivienda.

Las 513 quejas recibidas en 2009 -por las 447 del año anterior- se centraron especialmente, en temas relacionados con el bienestar social, con 71. Entre ellas, la Defensora destacó las relativas al desarrollo de la Ley de Dependencia "que generó grandes expectativas en determinados colectivos".

Así, mientras que, en el año 2008, las quejas se centraron en la valoración de la dependencia, en el ejercicio pasado versaron sobre todo acerca de la dilación en el procedimiento administrativo para el reconocimiento de la prestación. Estos asuntos llevaron a la institución, incluso, a incoar dos procedimiento de oficio.

A ello se suman, en este capítulo, otros temas como la protección de menores, la adopción internacional, los criterios para reserva de plazas en guarderías o el requerimiento de mejoras en el campo de la salud mental "donde recomendamos más coordinación entre las Consejerías de Salud y de Servicios Sociales".

El segundo capítulo que mostró más concentración de quejas fue el área educativa, con 47 quejas. Los asuntos más destacados fueron "de casuística variada", pero los que primaron la libertad de elección de centro, los procesos de admisión de alumnos y la concentración de alumnos inmigrantes en determinados centros, un tema que dio pie a un informe especial "que descartó cualquier alarmismo".

El tercer aspecto con mayor número de quejas, 46, fue la protección del medio ambiente, con dos aspectos centrales: la pasividad de las administraciones, sobre todo municipales, contra la contaminación acústica; y la negativa de algunos ayuntamientos al acceso a la información para algunos colectivos.

Las prestaciones sanitarias; la función pública "con quejas, en torno a 40, que ascienden y se centran en el acceso a estos puestos", una situación para la que se recomendó "transparencia en los procesos selectivos"; o el mercado de la vivienda fueron otros de los temas mayoritarios en las quejas.

De oficio y ayuntamientos.

Por otro lado, la Defensora también se refirió a los asuntos gestionados con la administración local, con la supervisión a 47 ayuntamientos de la comunidad en 177 expedientes. Las quejas, en este caso, se han centrado en la gestión del padrón, el funcionamiento de los servicios públicos o las obras de infraestructuras.

Díez Jalón destacó, del mismo modo, que se han llevado adelante 24 procedimientos de oficio, "con el estudio de las medidas anti-crisis tomadas por las administraciones públicas" como tema 'estrella'. Estos procesos dieron lugar a tres informes especiales, sobre la matriculación del alumnado inmigrante, la implantación de la lengua de signos y la aplicación de la Ley de Dependencia.

En conjunto, la Defensoría emitió 35 recomendaciones, de las que 17 fueron aceptadas por los destinatarios; 30 sugerencias, con 17 aceptadas; y 5 recordatorios de deberes legales, todos aceptados, uno de ellos parcialmente. "El 80 por ciento de los expedientes se han cerrado de forma satisfactoria para los solicitantes", recalcó.

"Contando con el trabajo de estos tres años, y con las previsiones de 2010, podemos decir que la Defensoría completa el marco institucional de la comunidad, en un paso más para la profundización democrática. Sólo queda recordar a las instituciones públicas su deber de colaborar porque así lo demandan los ciudadanos", concluyó.

Grupos parlamentarios.

Tras la presentación de informe, intervinieron los portavoces de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Mixto, el diputado José Toledo incidió en el aumento de las actuaciones "que hacen que estemos ante una institución consolidada e irrenunciable", si bien echó de menos "un posicionamiento sobre la Ecociudad".

Para el diputado socialista Pablo Rubio, "el reto es que exista la adecuada distribución de poderes para que, a partir de ahí, se puedan desarrollar mejor instituciones como la Defensoría". "En el futuro, los defensores del pueblo están llamados a un gran papel en la defensa de los ciudadanos, con independencia y objetividad", afirmó.

Por último, el portavoz del PP Carlos Cuevas calificó como "magnífico" el trabajo de la institución "que se consolida y normaliza, porque los riojanos la conocen y la usan". Hizo especial hincapié en el informe sobre el 'blindaje', "que fue riguroso, meticuloso, argumentado y que sirvió para perfeccionar la decisión de plantear el recurso de inconstitucionalidad".