En declaraciones a los periodistas, el alcalde recordó que se trata de una institución "muy querida en la ciudad y ejerce una labor que todos valoramos como muy positiva", por lo que aseguró que la noticia de ayer fue "muy impactante" y desea que se esclarezcan los hechos. Espera, además, que la institución "no se vea afectada por nada porque cumple una labor social de primera magnitud".

En este sentido, añadió que espera que actúe el Estado de Derecho, como no puede ser de otra manera, y pidió precaución porque "iniciar juicios paralelos pueden desarrollar un daño irreversible hacia las personas", por lo que confía en que "se establezcan las responsabilidades y se actúe en consecuencia".

El juez imputó ayer al religioso Manuel Ortiz por un delito de abusos sexuales y otro de maltrato habitual, así como a F.G., en este caso sólo por un delito de abusos sexuales a los internos. Los dos hermanos están libres, aunque como medida cautelar, el juez les prohíbe acercarse al centro, que ayer mismo abandonaron. Además, se les prohíbe comunicarse con los trabajadores y los residentes del centro.

El origen de la investigación se remonta al pasado 7 de octubre, cuando la Policía conoció un escrito anónimo en el que se denunciaban supuestos abusos sexuales a un interno en la sede de la Cruz Blanca por parte de un colaborador externo, que está acusado de un delito de abusos sexuales, por el que ingresó en prisión y cuya instrucción continúa de forma paralela a la de los religiosos.

Este trabajador fue detenido en Granada el pasado 22 de octubre y el fiscal pide para él seis años de cárcel por un delito de abusos sexuales contra un residente discapacitado.