El recorte del sueldo a los 55.723 funcionarios de Baleares permitirá ahorrar al menos 50,2 millones de euros este año

El recorte de los sueldos en un 5 por ciento como promedio a partir del mes de junio a los 55.723 funcionarios que trabajan en Baleares supondrá un ahorro a las arcas públicas de, al menos, 50,2 millones de euros este año, según las estimaciones que maneja el Gobierno, si bien esta cifra ascendería hasta los 73,3 millones, según el sindicado CSI-F.

Concretamente, el Ejecutivo central espera ahorrarse 2.400 millones de euros en toda España con esta bajada salarial, que afectará a los 2.659.010 empleados públicos, de los cuales 583.447 trabajan en la Administración Pública Estatal; 1,3 millones en la Administración de las Comunidades Autónomas; 627.092 en los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos o Consells Insulares y 102.894 en las Universidades.

Según el Boletín Estadístico de Personal al servicio de las Administraciones Públicas, publicado en el Registro Central de Personal del Ministerio de Presidencia, a fecha de julio de 2009, Baleares contaba con 55.723 funcionarios, de los cuales 11.518 trabajaban para la Administración Pública Estatal; 27.290 para la Comunidad Autónoma; 15.837 para los Ayuntamientos y los Consells Insulares y 1.078 para la Universidad.

En declaraciones a Europa Press, el secretario nacional de Formación del CSI-F, Miguel Borra, reveló que la masa salarial de los 2,6 millones de funcionarios que trabajan en toda España asciende a 124.000 millones de euros al año, por lo que dijo que el recorte medio de un 5 por ciento en los salarios supondrá un ahorro anual para las arcas del Estado de 6.200 millones de euros, lo que supondría una cifra cercana a 129 millones de euros en el caso de Baleares.

"El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, carga el 80 por ciento de la reducción del déficit sobre la espalda de los funcionarios", criticó Borra, quien consideró que lo que debería hacer el Ejecutivo es "eliminar los miles de asesores que hay en todas las Administraciones y que ganan mucho más dinero que un empleado público".

Además, estimó que el Gobierno también debería poner fin a las empresas públicas que son deficitarias y que "duplican la Administración", al tiempo que subrayó que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos también deberían reducir sus "gastos suntuarios". Así, indicó que el Ayuntamiento de Madrid mantiene "una deuda de 7.000 millones de euros, mientras que la del Consistorio de Zaragoza asciende a 800 millones".

Ante esta situación, el CSI-F convocó hoy una concentración el próximo viernes a las 10.30 horas ante el Consolat de Mar, a la que se ha sumado el sindicato USO, para mostrar su rechazo a las intenciones "unilaterales" del Gobierno central de bajar en un 5 por ciento los salarios a todos los empleados públicos.

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