El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) José Flors continuará la tramitación de la causa que inició el pasado año contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros cargos del PP por presuntamente haber recibido trajes como regalo de la empresa Orange Market, relacionada con la 'trama Gürtel', "en la forma legalmente procedente". En su día, este magistrado decidió que continuara la tramitación del procedimiento "con el mismo objeto" por el que se incoó, para investigar únicamente este presunto delito, y por el trámite del jurado.

El Tribunal Supremo acordó hoy por unanimidad declarar que ha lugar a los recursos de casación interpuestos por el ministerio fiscal y la acusación 'popular', ejercida por el PSPV, contra la decisión del TSJCV que acordó sobreseer la causa, en contra de la opinión del instructor, que en un auto de fecha 6 de julio de 2009, declaró terminadas las diligencias previas al entender que había "suficientes indicios racionales" para considerar que los hechos imputados a Camps; al ex secretario general del PPCV Ricardo Costa; al ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y al jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho previsto en el artículo 426 del Código Penal.

Con esta decisión de hoy, el alto tribunal estima el primero de los motivos alegados por ambas partes, relativos a la infracción de ley. La sala, que ha deliberado sobre este asunto durante unas tres horas, estaba integrada por el propio presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra (que será además ponente de la resolución que se dará a conocer en los próximos días) y por los magistrados Perfecto Andrés, Miguel Colmenero, Andrés Martínez Arrieta y Julián Sánchez Melgar.

El PSPV alegaba que el TSJCV, que sobreseyó las actuaciones al entender que no concurría la "necesaria relación causal" en el denominado tipo de cohecho pasivo impropio del artículo 426, había realizado una interpretación de la conexión de causalidad "irrazonable y arbitraria".

Por contra, indicaba que la jurisprudencia del Supremo exige una conexión causal "pero no entre la dádiva y el acto desplegado o a desplegar por la autoridad o funcionario, sino entre la dádiva o regalo y la condición de autoridad y funcionario". En esta línea, sostenía que el auto del TSJCV había caído en la "más absoluta incongruencia" y había "vaciado de contenido" el artículo 426 primer inciso.

El Ministerio Público sostenía por su parte que el TSJCV realizó en este caso una interpretación errónea del tipo penal de cohecho, puesto que, según el artículo 426 del Código, existe este delito desde el momento en que se realiza un regalo a un funcionario público en consideración a su cargo, sin que dicha dádiva suponga la realización inmediata de ningún acto concreto por parte de éste.

El TS ha aceptado estas alegaciones y ordena reenviar las actuaciones al instructor, quien acordó en ese auto del 6 de julio tramitar el procedimiento, con el mismo objeto por el que se dispuso su incoación y por los trámites establecidos para las causas ante el tribunal del jurado. El magistrado celebró el 15 de julio del pasado año la comparencia prevista en la ley, de concreción de imputación, a cuyo acto, citó a todas las partes y personalmente a los imputados, que decidieron delegar en las defensas y no acudir.

A partir de este momento, Flors retomará la causa en este punto y habrá una nueva comparecencia en la que las partes alegarán lo que estimen oportuno e incluso se podrá pedir la práctica de nuevas pruebas si así lo deciden, previo a una posible apertura de juicio oral. Las decisiones que adopte el instructor podrán asimismo ser recurridas ante la sala del TSJCV, y las de ésta al Tribunal Supremo, según fuentes judiciales consultadas por Europa Press.

Composición de la sala

La sala de lo civil y penal del TSJCV está formada por, además del instructor, los magistrados Carlos Climent —que no se ha pronunciado sobre este caso porque estaba de vacaciones cuando se decidió el sobreseimiento libre—; Juan Montero; Francisco Ceres y Juan Luis de la Rúa, presidente en funciones del alto tribunal valenciano, y que ha decidido no optar a la reelección.

La decisión sobre el sobreseimiento se adoptó con los votos a favor de De la Rúa —a quien la oposición atribuye una estrecha relación de amistad con Camps— y José Ceres mientras que el magistrado Juan Montero entendía, en un voto particular, que el archivo sólo debía acordarse con respecto a Ricardo Costa.