CSI-F Aragón rechaza las medidas propuestas por el Ejecutivo y las califica de "graves, injustas y evitables"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) de Aragón rechazó las medidas anunciadas por el Ejecutivo central para reducir el déficit y las consideró "graves, injustas y evitables".

CSI-F se refirió en un comunicado a las medidas propuestas por el Gobierno central para reducir el déficit, que contemplan una rebaja de un 5 por ciento de media de las retribuciones del personal del sector público desde este verano, que se congelarán en 2011, la eliminación de la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir de 2011 y el recorte de los salarios de los miembros del Gobierno en un 15 por ciento.

Rodríguez Zapatero anunció una reducción de 6.045 millones de euros en la inversión pública estatal entre 2010 y 2011 y un recorte de 600 millones en la ayuda oficial al desarrollo en el mismo periodo. A las comunidades autónomas y ayuntamientos, el presidente les pidió un ahorro adicional de 1.200 millones de euros.

La central sindical consideró que estas medidas son graves "por incumplir el acuerdo de septiembre de 2009 que buscaba mejorar el servicio público que reciben los ciudadanos y donde ya se aceptaba una moderación salarial".

Las calificó de injustas porque "una vez más son los empleados públicos sobre los que hacen recaer las culpas y los costes de la crisis y de unas políticas derrochadoras de todas las Administraciones". "De los 5.000 millones de recorte de 2010, 3.500 millones son asumidos por los Empleados Públicos, muchos de los cuales con salarios que escasamente superan los 1.000 euros mensuales", expuso la central.

A juicio del sindicato son evitables porque "antes de pedir esfuerzo a los empleados públicos y, si de verdad quieren acabar con el déficit en el gasto público", se pueden poner en marcha otras medidas como "cesar al 90 por ciento de los miles y miles de asesores del Estado, de las Comunidades, de las Diputaciones y de los Ayuntamientos con sueldos que multiplican el de los empleados públicos y que no tienen ninguna responsabilidad en su labor".

Así como "que recorten el número de Ministerios, Consejerías y Direcciones Generales en el Estado, en las Comunidades autónomas y en las Administraciones locales; acaben con los sueldos que cobran los políticos por pertenecer a los Consejos de Administración de las empresas públicas; y eliminen los gastos suntuarios de las Administraciones, viajes, coches, pseudoembajadas de Comunidades y representaciones permanentes en infinidad de países".

"Los empleados públicos manifestamos nuestra voluntad solidaria en esta grave crisis con la sociedad, pero no estamos dispuestos a ser los que paguemos las consecuencias de una política económica desastrosa e ineficaz", aseveró la central sindical.

En este sentido, CSI-F Aragón anunció que "en defensa de los servicios públicos, de los empleados públicos que los prestan y como garantía del ejercicio, de las libertades y de los derechos de todos los ciudadanos", así como del estado social y de bienestar que tanto sacrificio ha costado alcanzar", tomará "todas las medidas a su alcance, legales y sindicales, para oponerse rotundamente a la agresión y fracaso del dialogo social".

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