El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, reivindicó hoy la necesidad de respetar el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente, por considerar que "está en juego" el derecho de defensa de los ciudadanos.

Carnicer se pronunció así hoy en Valencia durante en la imposición de nueve medallas al Mérito en el Servicio a la Abogacía, concedidas por el Consejo General de la Abogacía Española, a abogados ex miembros de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV).

En su intervención, denunció la "intolerable e injustificada vulneración del derecho a la defensa de los ciudadanos" con las escuchas ilegales a los letrados y reivindicó que "es importante que se movilice a la sociedad" con motivo de "actuaciones trascendentes" de la abogacía, como su denuncia de la violación del derecho de defensa por la interceptación de comunicaciones entre abogado y cliente. "No es un derecho de los abogados, sino el derecho de los ciudadanos lo que está en juego", insistió.

Así apuntó que, "desde la primera filtración" conocida en relación con el 'caso Gürtel', el CGAE denunció la violación del secreto profesional y de la presunción de inocencia, al igual que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que posteriormente hizo otra llamada a la "sensatez" y el "rigor", especialmente en "la aplicación de derechos fundamentales que deben ser siempre respetados", dijo.

Carnicer lamentó que "no ha habido movilización social" en torno a esta cuestión "más allá de los clientes de los abogados, que reclaman el respeto del derecho profesional para seguir confiando en la justicia", y recalcó que si las conversaciones entre abogado y cliente "son interceptadas sin motivo" por decisión de Fiscalía o de los responsables judiciales, "se está destruyendo el derecho de defensa y el derecho al secreto profesional de todos los clientes".

Así, felicitó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la "sentencia realmente aclaratoria" sobre esta cuestión, por la que anuló todas las intervenciones de las comunicaciones ordenadas por el juez Baltasar Garzón entre los principales imputados del 'caso Gürtel' y sus letrados en la prisión de Soto del Real al estimar que vulneran el derecho de defensa de los implicados.

Carnicer valoró que esa sentencia ratificó que al abogado le ampara el secreto profesional en la relación con su cliente y que la grabación de comunicaciones privadas en el ámbito penitenciario, únicamente está autorizada por la legislación penitenciaria en asuntos relacionados con el terrorismo, una "excepción" por "ser el problema más importante que posee el Estado", subrayó.

El presidente del CGAE exigió el reconocimiento de la labor de la abogacía como "garante del acceso de los ciudadanos a todos los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente y a las leyes" y recalcó que "sin defensa no hay libertades, sin libertad no hay justicia y sin justicia no hay Estado de Derecho".

"falta de liderazgo" institucional

Destacó que el mayor problema que afronta la sociedad española es la "falta de liderazgo en la política y las instituciones" y defendió que "es imprescindible contar con instituciones fuertes, sólidas e investidas por los mejores para resolver los problemas de la ciudadanía sin vulnerar sus derechos". "Sin instituciones fuertes no hay democracia ni Estado de Derecho", sentenció.

Carnicer reclamó igualmente "una clase política fuerte y decidida", que "ejerza su liderazgo, pero lo haga —matizó— oyéndonos a quienes somos claves para la vida en paz".

En la misma línea, denunció el "incomprensible abandono de la formación de los abogados por parte de los poderes públicos y las instituciones", que obligan a los colegios profesionales y escuelas jurídicas a suplir esa carencia con "una formación a los abogados que es imprescindible para el ejercicio de su profesión".

Por otro lado, resaltó la labor de los abogados en la garantía del derecho de defensa reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución y, en concreto, la de los 35.000 abogados que actualmente sustentan el servicio público de justicia gratuita en España.

"Casi vocacionalmente, estos abogados garantizan con su servicio 24 horas al día 365 días al año la mejor defensa de los ciudadanos", subrayó Carnicer, quien exigió "un pago justo" de esos servicios y garantizó que seguirán "luchando para que su trabajo goce de la mejor regulación y el mejor reconocimiento profesional por parte de las administraciones públicas, sin recortes y sin merma de derechos".

Medallas al mérito

En el acto celebrado hoy, el decano del ICAV, Francisco Real, hizo entrega, junto a Carlos Carnicer y la presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, María Carmen Pérez Cascales, de medallas al Mérito en el Servicio a la Abogacía a nueve ex miembros de la junta de gobierno del colegio en reconocimiento a sus años de servicio en defensa de los intereses de la abogacía valenciana.

En concreto, fueron galardonados los abogados Soledad Gomis, José Manuel De Lorenzo, Carmen Soucase, Vicente Ibor, Sofía de Andrés, José Antonio Prieto, María Luz Cuesta, Juan Carlos Añón y Luis Javier Jordán Ligorit.

Real elogió la trayectoria de los letrados y resaltó que su trabajo es "un paradigma de compromiso con la sociedad, un arquetipo de la excelencia y la pulcritud en el ejercicio de la abogacía". "En una sociedad en crisis, no sólo económica sino también de valores, los abogados debemos ser exigentes con nuestra valía y nuestra formación, puesto que tenemos que defender a más ciudadanos vulnerables y necesitados de justicia", concluyó.