En declaraciones a los periodistas, la consejera indicó que "ahora es el momento de sacrificio en el sector público", tras los acometidos en el sector empresarial y en el de los trabajadores. Agregó que es posible que estas medidas también afecten a la convocatoria de la oferta de empleo público de la Junta, ante lo que Hacienda tendrá que "ver en qué términos está el acuerdo y deberá revisar en función de lo que sea de obligado cumplimiento".

Martínez Aguayo, quien clausuró un encuentro sobre control del gasto en contextos de austeridad en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, precisó que esas medidas anunciadas por Rodríguez Zapatero deberán verlas "con más detalle", aunque reiteró que "en principio parece una actuación responsable del Gobierno y importante para la recuperación económica".

"La contención del gasto público en este momento es un elemento importantísimo para contribuir a la recuperación económica", aseveró la consejera, quien recordó que la Junta está "obligada a cumplir la normativa básica y las recomendaciones que se pacten en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como cualquier otra comunidad autónoma".

Asimismo, consideró que las medidas anunciadas son "oportunas", toda vez que "estamos en un momento en el que se ven muchos indicadores positivos que nos hacen tener esperanza en esa recuperación y la consolidación fiscal y el ajuste del gasto es pieza importante para apuntar esa recuperación".

Martínez Aguayo apuntó que el recorte salarial también afecta a los empleados públicos andaluces y de la Junta, aunque precisó que habrá que ver el decreto ley que se presentará el viernes para tener una opinión, tras lo que reiteró que la Junta tiene que aplicar la normativa básica estatal en materia de empleo público y altos cargos, lo cual incluiría la reducción del 15 por ciento en los sueldos de los máximos responsables del Gobierno andaluz.

"Tenemos que aplicar lo que el Estado decida en la Ley de Presupuestos, no tenemos otros planteamientos, pues la normativa básica estatal es de aplicación general, por lo que, igual que se trasladó a la Ley de Presupuestos el incremento del 0,3 por ciento en los sueldos de empleados públicos, si se aprueba una reducción del cinco por ciento se reducirá, la normativa básica se aplica cuando se sube y cuando se baja".

La consejera apuntó que en este tiempo de crisis "todos la ciudadanos está sufriendo importantes sacrificios, en las empresas y en los trabajadores en términos de desempleo, por lo que ha llegado el momento de pedir un sacrificio al conjunto del sector público para contribuir a la recuperación económica y eso es razonable y responsable".

Trato diferencial para andalucía

Martínez Aguayo recordó que Andalucía siempre ha estado comprometida con la estabilidad presupuestaria y va a seguir cumpliendo con ese compromiso y agregó que mantiene en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su apoyo a las medidas para que España cumpla su compromiso con Bruselas".

"Vamos a cumplir con lo comprometido por convicción y porque nuestra máxima prioridad es que haya recuperación económica y que se genere empleo, y para eso hay que entender la reducción del gasto público como un proyecto social que contribuya a la creación de empleo", agregó.

La consejera además recordó que la Junta está en proceso de reflexión del conjunto de gasto público para poder presentar el 22 de junio un documento que incluye además una revisión de todas las partidas de gasto "buscando qué se puede reducir sin hipotecar lo importante" y una reestructuración del sector público empresarial.

No obstante, apuntó que las medidas adicionales planteadas hoy por el Gobierno se deberán estudiar "con sosiego y con tranquilidad en el tiempo que se nos marca" y agregó que las decisiones "no están cerradas".

Sobre la aportación de comunidades autónomas y ayuntamientos a la reducción del déficit, la consejera recordó que se deberá convocar una reunión del CPFF donde se aclararán esos términos, tras lo que añadió que la Junta está "revisando el conjunto del presupuesto de arriba a abajo para ver dónde podemos reducir sin hipotecar lo importante, que es lo que garantiza el crecimiento económico, como son la Concertación y educación como ejes fundamentales, mientras que el resto se deberá someter a esos objetivos".

Agregó que en dicho CPFF la Junta hará un planteamiento al Gobierno "donde lo razonable es que las comunidades como Andalucía, que siempre han cumplido y tienen un nivel de endeudamiento por debajo de la media tenga un objetivo diferencial del resto de comunidades autónomas", algo que han solicitado, se aprobó en el Parlamento y que defenderán en el CPFF. "Lo contrario sería algo inequitativo e injusto, por lo que defenderemos nuestra postura con pasión y vehemencia", advirtió.

Recordó en ese sentido que las medidas que anuncian incluyen una "progresividad" que se deberá analizar para ver cómo afecta a Andalucía.20%

De empleados públicos en andalucía

Un 20 por ciento de los ocupados andaluces en el primer trimestre de 2010 es empleado público en Andalucía, comunidad que es la que posee mayor número de funcionarios, hasta 559.700 asalariados del sector público en la región.

Además, según datos el Instituto Nacional de Estadística (INE), consultados por Europa Press, en relación con el primer trimestre de 2009, en 2010 se incrementó el número de funcionarios en un 4,5 por ciento, pasando de 535.600 funcionarios en 2009 a 559.700 en el primer trimestre de 2010.

Asimismo, en Andalucía hay 240.000 empleados públicos de la Junta y sus empresas públicas.

A ese respecto, la consejera aseguró que el empleo público que tiene Andalucía "soporta la comparación con las economías de nuestro entorno", al tener un porcentaje de empleo público "razonable" en relación con ocupados y por debajo de países del mismo nivel.

En su intervención en la UIMP, la consejera reiteró su compromiso con la estabilidad presupuestaria y la necesidad de medidas de austeridad y reducción del gasto publico. Reconoció la "injusticia" que supone que deban reducir el gasto aquellos que acudieron al rescate de las economías y las empresas, ante lo que "lo primero que sale es una actitud de rebeldía", aunque advirtió de que "por ese camino se iría a la catástrofe".

Por ello, apuntó la necesidad de reorganizar "el sistema para una distribución equilibrada del poder político y económico". "Los que tienen el dinero son los mercados financieros y los que deben pagar los servicios son los gobiernos", añadió.

"Nos toca ahora al sector publico dar la talla en este momento para garantizar la supervivencia del sistema; nos toca reducir salarios", aseveró Martínez Aguayo.