El Juzgado de lo Social número 1 de Vigo ha aceptado la rescisión de contratos pedida por un grupo de trabajadores de la planta de la conservera Bernardo Alfageme en la ciudad olívica y, además, ha fijado la indemnización en 45 días por año trabajado —con un tope de 42 mensualidades— y lo que supone el máximo, puesto que es la indemnización correspondiente a despido improcedente.

Así lo confirmaron fuentes sindicales a Europa Press, quienes explicaron que uno de los grupos de trabajadores que han presentado demanda de rescisión de contratos por falta de actividad en la planta, concretamente uno formado por 51 empleados —representados por la CIG— que fue a juicio el pasado día 3, en el de lo Social número 1. La sentencia de esta vista oral, con fecha de 7 de mayo —y ante la cual cabe recurso— y que es la primera sobre rescisión de contratos en Alfageme, ha reconocido la demanda de los trabajadores y fija los citados 45 días por año trabajado.

En este grupo había trabajadores de fábrica, tanto fijos como fijos discontinuos, como de oficina, y la resolución judicial reconoce la demanda a todos ellos.

Además de este caso, el pasado viernes día 7 se celebró otro juicio, en este caso de trabajadores representados por UGT, y en el Juzgado de lo Social número 4 de Vigo. Fuentes sindicales confiaron en que este asunto se resuelva en los mismos términos que el primero. Además de estas dos vistas orales, habrá próximamente nuevos juicios sobre demandas de rescisión de contratos. JUICIO

Durante el juicio celebrado el día 3, el abogado que representaba a los trabajadores consideró "probada" la falta de ocupación efectiva en el centro de Vigo ya que la Inspección de Trabajo constató la falta de actividad e incluso levantó acta por "infracción".

También aludió a la importante bajada de consumo de electricidad, agua y gas en la planta y, además, explicó que ya en "noviembre de 2009", a las autoridades sanitarias que habían requerido a Alfageme el cumplimiento de ciertos requisitos en la planta de Vigo para poder seguir produciendo, la empresa les notificó la previsión de "cese de actividad" para principio de 2010.

Así, ante el "incumplimiento grave de las obligaciones empresariales", el letrado consideró "justa" la petición de la plantilla. Además, destacó que la empresa hay que entenderla "como un todo", ya que los departamentos no son estancos y, "si no hay producción, tampoco hay ventas ni distribución" de productos, y, por tanto, la falta de actividad afecta a la totalidad de empleados.

Sin embargo, durante el juicio, el abogado de la conservera —empresa que está en proceso concursal— pidió que se desestimase la demanda y atribuyó la falta de actividad productiva a un mandato de la autoridad sanitaria, puesto que las instalaciones deben ser adaptadas al cumplimiento de determinados requisitos para poder mantener la actividad productiva de alimentos.

Además, indicó que los trabajadores estuvieron realizando labores estuchado, que se realizaban tareas de "mantenimiento" y que la actividad de las oficinas también se sigue realizando, como, por ejemplo, de tramitación de facturas.

Por otra parte, acusó a los trabajadores —que llevan más de tres meses sin cobrar— de estar en una situación de "enfrentamiento con la propiedad" atribuyéndoles acciones como el "corte del suministro eléctrico" en alguna ocasión o el "desobedecer algunas órdenes del director general", entre otras. Finalmente, el letrado consideró que los empleados actuaron desde el "abuso de derecho" hablando de la falta de ocupación efectiva para solicitar una rescisión de contratos.