El Tribunal Supremo estudiará mañana los recursos presentados por la Fiscalía y el PSOE valenciano (PSPV) contra la decisión que adoptó el pasado mes de agosto el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) de sobreseer la causa abierta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos del PP en relación con la trama "Gürtel", en la que estaban siendo investigados por delito de cohecho impropio por haber recibido presuntamente trajes como regalo de la empresa Orange Market, que realizaba contratos con la Administración autonómica.

La Sala que deliberará sobre este asunto estará integrado por el propio presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra (que será además ponente de la resolución) y por los magistrados Perfecto Andrés, Miguel Colmenero, Andrés Martínez Arrieta y Julián Sánchez Melgar.

La resolución del tribunal superior valenciano afectaba a Camps y también al ex secretario general del PPCV Ricardo Costa; al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y al jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafel Betoret. Consideró que los hechos por los que todos ellos fueron denunciados no constituía delito, por lo que sobreseyó las actuaciones.

Recurso del fiscal

Por su parte, la Fiscalía defiende que el archivo del caso fue prematuro porque la investigación continuaba abierta y podía aportar datos nuevos "acerca de las dádivas investigadas y los concretos actos de contratación realizados por parte de la Administración Pública valenciana a la empresa Orange Market", ligada a la red de Francisco Correa.

Considera además el Ministerio Público que el Tribunal Superior valenciano realizó en este caso una interpretación errónea del tipo penal de cohecho, puesto que, según el artículo 426 del Código, existe este delito desde el momento en que se realiza un regalo a un funcionario público en consideración a su cargo, sin que dicha dádiva suponga la realización inmediata de ningún acto concreto por parte de éste.

Por su parte, los socialistas valencianos alegan en su recurso que la decisión del alto tribunal valenciano supuso una "infracción de ley" al realizar una interpretación "distinta" de la que se venía haciendo en este órgano del artículo 426 del Código Penal, que es el que tipifica el cohecho impropio.

Este tipo penal castiga con pena de multa de tres a seis meses a toda autoridad o funcionario público "que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente".

Según el PSPV, la interpretación realizada en esta causa por dos de los magistrados del tribunal valenciano —José Ceres y el presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa—, es distinta de la que hizo el propio tribunal abril del pasado año, cuando se declaró competente para asumir las investigaciones del caso y acordó abrir diligencias previas por "posible delito de cohecho".

Decisión con un voto particular

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobreseyó el caso con el voto particular de uno de los magistrados, Juan Montero, que entendía que este archivo sólo debía acordarse con respecto a Ricardo Costa.

Los magistrados a favor del archivo sostuvieron por su parte que no había una relación "de causalidad" entre dádivas y la adjudicación de contratos a Orange Market, sociedad dirigida por Álvaro Pérez, 'El Bigotes' e investigada en el marco de la 'operación Gürtel'.

Por ello, resolvieron favorablemente los recursos de apelación planteados por los cuatro dirigentes del PPCV contra el auto del magistrado instructor de la causa, José Flors, quien sí había entendido que había indicios de cohecho pasivo en su actuación por haber aceptado supuestamente regalos de Orange Market.