Los tres funcionarios del Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla) sometidos a expediente disciplinario, dadas las "faltas graves" manifestadas en su oposición a la recusación recibida por su papel en el Tribunal de Selección de un concurso oposición, han formulado sus correspondientes alegaciones al procedimiento, toda vez que la Delegación del Gobierno andaluz, en un requerimiento librado al Consistorio, entiende que los funcionarios han sido víctimas de "amenazas y presiones" por no "alterar" el citado concurso oposición.

Uno de los funcionarios en cuestión, Luis B.G., informó a Europa Press de que el pasado viernes, "a última" hora, el despacho de abogados que representa sus intereses entregó ante el Ayuntamiento las correspondientes alegaciones en el marco de los mencionados expedientes disciplinarios, por lo que los tres funcionarios esperan ahora que el Ayuntamiento resuelva tales alegaciones y elabore una propuesta de sanción.

En el requerimiento firmado por la delegada del Gobierno andaluz en Sevilla, Carmen Tovar, el pasado 30 de marzo de 2010, se recoge que todo parte del primer ejercicio celebrado el 8 de febrero en el marco del concurso oposición promovido por la Administración local para cubrir, mediante la promoción interna, cinco plazas de administrativo.

Dos de los aspirantes, según este documento recogido por Europa Press, fueron declarados "no aptos", pero la secretaria del Tribunal de Selección, y además secretaria del Consistorio, publicó un listado de aprobados en el que figuraba uno de los declarados "no aptos". El presidente del Tribunal de Selección reclamó, de su lado, la aprobación de las actas de admitidos inicialmente acordadas. El 22 de febrero, día en el que se celebraba la segunda prueba del concurso oposición, el área de Cultura convocó al presidente del organismo de forma "no justificada", motivando que el Tribunal de Selección se constituyese con una Presidencia suplente.

Expedientes por "faltas graves" en sus alegaciones a la recusación

De tal manera, el Tribunal analizó las "discrepancias" entre el acta de aprobados de la primera prueba acordada inicialmente y el acta publicada por la secretaria, por lo que finalmente se acordó suspender el segundo ejercicio. A partir de ahí, los miembros del Tribunal de Selección opuestos a la "alteración" de las calificaciones fueron sometidos a "amenazas y presiones".

En ese sentido, y siempre según este documento, las recusaciones formuladas contra tres de los miembros del Tribunal de Selección; Javier M.M., María L.P. y Luis B.G., todas ellas aceptadas por la Alcaldía, derivaron en la incoación de expedientes disciplinarios actualmente en curso a cuenta de las supuestas "faltas graves" manifestadas por los afectados en el contenido de sus escritos de oposición a la recusación. El mencionado requerimiento de Carmen Tovar, no obstante, entiende que los miembros del Tribunal fueron víctimas de "coacciones y amenazas" a fin de modificar el resultado de las pruebas de selección, caso que podría ocultar un posible "delito de coacción".

Recusaciones contrarias a derecho

Además, entiende la Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla que las recusaciones tramitadas por el Ayuntamiento y finalmente aceptadas por la Alcaldía "no se ajustan a derecho" y podrían albergar un intento de "apartar del Tribunal de Selección a aquellos vocales que pudieran no transigir con determinadas instrucciones". De cualquier forma, la tramitación de los procedimientos de recusación incurriría en "vicios de nulidad".

Precisamente por ello, entiende el requerimiento que la apertura de expedientes sancionadores contra estos funcionarios es sencillamente "grotesca", pues se sustentan "únicamente" en unas "presuntas injurias o calumnias" de los afectados en sus escritos de oposición a su recusación, mientras "en ningún momento se aprecia en dichos escritos la más mínima ofensa o causa alguna" que motive las medidas disciplinarias.

El Ayuntamiento de Morón, no obstante, defiende de su lado que el informe del Servicio de Administración Local del que parte el requerimiento se "limita a efectuar una serie de juicios subjetivos, sin apoyo jurídico y bastante vejatorios", sobre todo porque parte de lo que se deduce de "los escritos de los tres funcionarios" expedientados, pero "no se solicita información" al Ayuntamiento.

Por eso, pide al Ayuntamiento al departamento de Tovar "un nuevo informe con la misma premura que actuó en su día" ante los escritos de los funcionarios, porque el mencionado requerimiento constituye "un gran descrédito, demérito y daño" al Consistorio y sus organismos.